El PP pide a la juez de los ERE que investigue al portavoz del PSOE

Los hechos que denuncia el PP son los siguientes. La empresa constructora Gómez Domínguez S.A. ejecutó los trabajos de ampliación de un chalet en el Paseo de los Naranjos número 3 para convertirlo en la sede provincial del PSOE en Huelva. El certificado final de obra –que hizo público ayer el secretario general del PP-A, Antonio Sanz– es del 15 de octubre de 2005 y el presupuesto ascendió a 154.343 euros. Más tarde, la empresa entró a formar parte del grupo accionarial de Odiel Press, editora del periódico «Odiel Información», que mantiene una línea editorial cercana al PSOE. Como adelantó LA RAZÓN el pasado sábado, el 21 de diciembre de 2009 la Consejería de Empleo concedió una ayuda sociolaboral excepcional a los 38 trabajadores de Odiel Press de 300.000 euros –un mes más tarde firmó otra ayuda de 450.000 euros para Atlántico Radio TV––.
Según la información del registro mercantil, Francisco Urbano Gómez Domínguez es el presidente de Odiel Press y administrador único de «Construcciones Gómez Domínguez»
¿Por qué vincula el PP a Jiménez?. El portavoz parlamentario socialista es también secretario general del PSOE en Huelva desde 2008. Y el ex director general de Trabajo que firmó la ayuda de 300.000 euros de los fondos de los ERE era Juan Márquez, secretario general de los socialistas de Lucena del Puerto (Huelva).
«Ya lo hemos denunciado, pero la vinculación va mucho más allá y le queremos pedir una investigación a la juez Alaya sobre la sospechosa y parece que definitiva vinculación entre las mismas empresas que recibieron las ayudas del fondo de reptiles con las empresas y empresarios que han sido los encargados de construir la sede del PSOE», denunció ayer el secretario del PP-A durante un acto de su partido en Alcalá de Guadaíra (Sevilla).
Para Sanz, la conclusión es clara: «Yo apoyo con dinero del fondo de reptiles los medios de comunicación que tú creas a favor del PSOE, y luego puede existir un contrato donde, ni más ni menos, a lo que te dedicas es a construir la sede del PSOE de Huelva», apuntó.
Según los argumentos del PP, «no puede ser una casualidad que las subvenciones del fondo de reptiles finalmente tengan que ver con la construcción al mismo empresario de la sede del PSOE». Por ese motivo, pretenden que Jiménez «se lo explique a la juez».
El portavoz socialista ya anunció el pasado viernes que estudiará acciones legales contra los populares por acusarlo de facilitar subvenciones a medios afines en la provincia de Huelva.

La Junta se da prisa y recupera las actas que estaban en el juzgado
Con rapidez. Así ha actuado la Junta para recuperar las copias compulsadas de las actas del Consejo de Gobierno que se custodiaban en el juzgado de guardia de Sevilla. Después de que la Audiencia dictaminara que podía recuperar la custodia, dos funcionarios del Gobierno andaluz se personaron ayer en sede judicial para retirarlas. Una simple llamada al decanato es lo único que les exigió la titular del juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla para cumplir el proceso. Minutos más tarde de las 12:00 horas, los dos operarios portaban las 480 actas en unas bolsas con el logotipo de la Junta de Andalucía. Un coche les esperaba. Varios agentes de la Policía autonómica también formaban parte de la expedición. Un letrado de la administración andaluza y la secretaria de Actas del Consejo de Gobierno, María Luisa Quesada, firmaron la recogida de los documentos en presencia de la secretaria del decanato y su homólogo en el juzgado de Instrucción número 6. A las 12:15 ya estaban en el Palacio de San Telmo. Allí esperarán a que la sala de conflictos jurisdiccionales del Supremo aclare si la magistrada Alaya tiene derecho a consultarlas como mantiene la Audiencia Provincial de Sevilla, o si la instructora debe continuar su investigación sin una información que cree «fundamental». Mientras tanto, la juez advirtió en su último auto de que «sería una paradoja que utilizara [la Junta] su posición de custodio de dichos documentos para ocultar datos que indiciariamente sirvieran para incriminar a personas que ostenten o hayan ostentado cargos en la misma».