La auditoría municipal pone en duda el interés público del hotel del Palau

La primera medida que tomó el Ayuntamiento de Barcelona cuando la juez imputó a la cúpula de urbanismo por prevaricación y falsedad documental por el caso del hotel del Palau de la Música fue pedir una auditoría externa del proceso urbanístico. Los colegios de abogados, arquitectos y secretarios, interventores y tesoreros de la administración local de Cataluña, entregaron ayer el informe, que cuestiona el interés público del hotel del Palau.

La auditoría considera correcto el procedimiento urbanístico que siguieron los servicios jurídicos y técnicos municipales, pero advierte que su trabajo estuvo «notablemente» condicionado por los convenios firmados por el Palau de la Música con la Generalitat y el Ayuntamiento, que avalaban la necesidad de tirar adelante el proyecto hotelero.

La sombra de la sospecha
El Ayuntamiento, la Generalitat y el Palau de la Música siempre defendieron que el hotel era un proyecto de interés público porque implicaba la mejora del entorno y dotaba a la institución cultural de una instalación para mejorar sus prestaciones. Pero la auditoría pone en duda la teoría del bien común del hotel. Alega que «el incuestionable interés público que tiene la Fundació Orfeó Català-Palau de la Música para la ciudad y para el país no presume que cualquier actividad que promueva la institución sea necesariamente conveniente para Barcelona».

El informe denuncia que la memoria de la modificación puntual del Plan General Metropolitano no justifica el interés público de la operación. En cambio, sobre la cuestión que genera más controversia, si los imputados sabían que la finca era de un privado, la auditoría señala que «desde la perspectiva de la ordenación urbanística resulta irrelevante quien era el propietario». Para el PP, la auditoría pone en relieve que hubo irregularides, por discrepar de la interpretación que hicieron los servicios técnicos.

Otro informe, del Registro de la Propiedad, revela que el Ayuntamiento consultó hasta tres veces, entre febrero de 2008 y julio de 2009, la titularidad de las fincas donde se iba a construir el hotel, en dos de esas ocasiones con motivo de una «investigación jurídica» sobre la propiedad de las mismas. En medio de este guirigay, el responsable jurídico de Urbanismo de Barcelona, Enric Lambies, entonó ayer el «mea culpa» ante la juez. Arropó a sus superiores, a García-Bragado y al gerente Ramon Massagué, al asegurar que nunca les comunicó que el solar para construir el hotel pertenecía a un promotor privado. «Lo sabía, pero no le di importancia y no lo comuniqué», dijo.