La Prensa contra la obligación de emitir espacios electorales

La presidenta de la FAPE, Elsa González, y el presidente de la Asociación de Periodistas de Madrid (APM), Fernando González Urbaneja, entregaron a Cava de Llano un documento en el que resaltan la inconstitucionalidad del artículo 66.2 de la Ley Electoral, que obliga a «respetar los principios de proporcionalidad y neutralidad informativa» en debates, entrevistas e informaciones electorales. La delegación de los periodistas expuso los argumentos en que basan su solicitud y que se sostienen en un informe de la Comisión de Quejas y Deontología de la FAPE de diciembre de 2010 y que señala que los medios privados, por su interés económico general, «no tienen función de servicio público esencial». Así, ambas asociaciones entienden que, en caso contrario, se vulneraría el artículo 20 de la Constitución en relación a la libertad de información.

Según ha explicado Urbaneja en declaraciones a Europa Press, la Defensora del Pueblo ha recibido «muy bien» la propuesta y ha señalado que estudiarán en los próximos días la posibilidad de recurso, si bien Cava de Llano no ha facilitado ninguna fecha para decidirse sobre este asunto. Así, según los representantes de los periodistas, la Defensora del Pueblo en funciones se ha comprometido a examinar «con mucha atención» la propuesta, que «no es un tema fácil», dado que la citada reforma legislativa fue aprobada con un amplio consenso parlamentario. Para Urbaneja, el artículo de la Ley Electoral plantea «problemas serios» para los periodistas, ya que la proporcionalidad en los anuncios de las formaciones políticas en función de la representación parlamentaria supone una «incompatibilidad» para los informadores. «El tema es tan evidente que sólo se puede calificar como disparate», señaló el presidente de la APM. El periodista ha afirmado que la posibilidad de suprimir este artículo ya fue planteada previamente a los partidos políticos, aunque no se mostraron receptivos».


Respaldo de las TV
Para FAPE y APM, la iniciativa, que respaldan los directores de Informativos de 16 televisiones privadas y públicas, es un «intento interesado de convertir la información libre en un altavoz de mensajes políticos, cronometrados y de dudoso interés para la audiencia». Consideran que la reforma intenta «anular la profesión periodística», que ya está «lo suficientemente vilipendiada en la cobertura electoral con la convocatoria de ruedas de prensa sin preguntas, la distribución de productos enlatados, las restricciones de acceso a los mítines de campaña y la obligación de conectar con la señal oficial del partido de turno».