Viera pide «48 horas» para aclarar el papel del PSOE en el ERE de 2003

«La señora Fontela no está en el ERE de 2003. Otras cosas, las desconozco». Sin salirse del guión y sin aportar ninguna nueva información. Así respondió el secretatario general del PSOE de Sevilla, José Antonio Viera, a las preguntas sobre el pago de 154.000 euros en concepto de prejubilación a una segunda persona ajena a Mercasevilla. Viera se limitó a reiterar que tanto el expediente de regulación de empleo (ERE) del año 2003 –aprobado por él mismo cuando era consejero– como la póliza suscrita por la empresa con la aseguradora Vitalia son «legales».

«El ERE es perfecto y correcto en todos sus términos administrativos», recalcó el líder socialista e insistió en que en ninguno de los citados documentos «aparece esta señora –en referencia a María del Carmen Fontela–». Viera explicó que en el expediente de regulación de empleo «necesariamente tiene que estar la vida laboral individualizada de todas las personas que forman parte del mismo, y para que llegue a la Delegación Provincial de Empleo es imprescindible la firma de la Inspección de Trabajo y del Instituto Nacional de Empleo», expuso el secretario general de los socialistas sevillanos.

El nombre de María del Carmen Fontela sí figura en el protocolo suscrito en diciembre de 2003 por su director general de Empleo, Francisco Javier Guerrero, y a ese escrito aludió Viera como clave para detectar en qué momento se incorporó a la falsa trabajadora de Mercasevilla.

Por ello, solicitó «48 horas» para que la Junta investigue las posibles irregularidades cometidas en el proceso de prejubilaciones del mercado central, a raíz del cual se han realizado pagos a dos personas que nunca han trabajado en la empresa. Así, insistió en desligarse a sí mismo, como responsable regional de Empleo cuando se suscribió el documento, y a su partido de cualquier responsabilidad. «El PSOE de Sevilla no tiene absolutamente nada que ver con esta cuestión. Vamos a esperar a que se pueda dilucidar», mantuvo.

Sobre el destino de los más de 150.000 euros abonados a nombre de María del Carmen Fontela –que ella misma negó haber recibido–, sólo apuntó que «si yo supiera dónde han ido los pagos, pues lo estaría diciendo». Tampoco detalló de qué forma la Junta «incentivó» las prejubilaciones en Mercasevilla suscritas a finales del año 2003. Respecto al caso de Antonio Garrido Santoyo, el ex dirigente del PSOE de Baeza que percibió 112.00 euros del ERE de 2007 pese a no figurar en la plantilla de la empresa, evitó pronunciarse.

La Consejería ya ordenó el pasado jueves el inicio de una «investigación interna» de «todos y cada uno de los casos» para conocer si el procedimiento «reconocido e incentivado» por la Junta contiene más «anomalías», similares a las dos detectadas.