La UE lleva a Sanidad y Medio Ambiente ante los tribunales

Bruselas- Los gastos sanitarios transfronterizos en la UE han vuelto a poner en la picota a España. La Comisión Europea anunció ayer que llevará a nuestro país a la Corte Europea de Justicia, con sede en Luxemburgo, por no rembolsar a pacientes españoles los gastos de sus cuidados sanitarios en otros países de la Unión. Según la Comisión, nuestro país viola la normativa de los derechos de los pacientes al denegar «injustamente» el pago de los servicios que, según la normativa española, sólo se realiza en casos de «emergencia vital». Bruselas también critica el sistema de autorización previo español para la devolución de los costes, ya que considera «poco razonable» que la Sanidad pública rechace el pago de tratamientos si la solicitud se presenta durante o después de los cuidados.En opinión de los comisarios, todo este sistema mina los derechos de los españoles, que se ven obligados a pagar costosas facturas que deberían correr a cuenta del Estado, sólo por no haber solicitado el permiso previo.Bruselas también decidió ayer llevar ante la Corte de Luxemburgo a España ya que algunas ciudades españolas continúan sin cumplir los estándares europeos respecto a la depuración de las aguas residuales. Pese a los dos avisos previos lanzados durante un largo procedimiento de infracción, un total de 38 ciudades, entre las que se incluyen La Coruña, Santiago, Gijón o Benicarló (Castellón), siguen sin aplicar la directiva del tratamiento de aguas residuales, en vigor desde 2000. «Inaceptable»El Ejecutivo comunitario también denunció a Italia ante la Justicia europea por los mismos motivos, ya que hasta 178 municipios incumplen la normativa, que obliga a las ciudades con más de 15.000 habitantes a contar con sistemas de recogida y tratado de las aguas. «Es inaceptable que más de ocho años después de la fecha límite, Italia y España han fallado en cumplir con esta importante legislación», subrayó el comisario de Medio Ambiente, Janez Potocnik.El Ministerio que dirige Elena Espinosa señaló ayer que ya explicó a la Comisión que algunas de las 38 ciudades a las que se acusa de incumplir la norma ya «cumplen con la directiva».