Los acusados de volar la T4 vuelven a negarse a declarar

Los tres presuntos etarras acusados de colocar la furgoneta bomba que estalló el 30 de diciembre de 2006 en la Terminal 4 de Barajas (Madrid), Igor Portu, Martín Sarasola y Mikel San Sebastián, provocando la muerte de dos personas, se volvieron a negar hoy a declarar antes de que el juicio, que se ha desarrollado en la Audiencia Nacional desde el pasado lunes, quedará visto para sentencia. Los tres se limitaron a negar con la cabeza cuando el presidente del tribunal, Alfonso Guevara, les preguntó si querían hacer uso de su derecho a la última palabra. En la primera sesión del juicio, los tres rechazaron responder a las preguntas del Ministerio Fiscal, la Abogacía del Estado, las ocho acusaciones particulares y la acción popular ejercida por la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT). La abogada de la defensa, que representa a los tres, tampoco formuló ninguna cuestión. Ese día, los tres anunciaron que no participarían en el juicio. "No reconozco a este juzgado fascista y no voy a declarar", afirmó Sarasola. Portu indicó que todo lo que "debería decir aquí"lo declaró "bajo tortura"y San Sebastián fue el último en negar el tribunal y acusarlo de "aceptar la tortura". Precisamente, las torturas denunciadas por Portu y Sarasola fueron la única cuestión que su abogada mencionó durante la exposición de su informe de conclusiones, tras el cual pidió la libre absolución de Portu, Sarasola y San Sebastián. Aunque anunció que por "expreso deseo"de sus representados no iba a articular su informe, se refirió a los malos tratos alegados por los dos terroristas y explicó su renuncia a una prueba pericial sobre este asunto. La abogada señaló que es en el juzgado de San Sebastián donde se sigue el procedimiento por la denuncia de torturas y lesiones, en la que hay 15 guardias civiles imputados, en el que se debe valorar si existen pruebas suficientes que las corroboren y no en la Audiencia Nacional. Dicho esto, pidió que no se tenga en cuenta la declaración de Sarasola ante la Guardia Civil, en la que admitió su pertenencia a ETA y reveló su participación en el atentado de la T4, del que hizo un pormenorizado relato, ni "ninguna otra prueba derivada de esa declaración", porque, en su opinión, existen "fundamentadas sospechas"de que se produjo como consecuencia de torturas. Previamente, las ocho acusaciones particulares y la AVT habían coincidido en pedir una sentencia condenatoria contra los tres supuestos etarras, presuntos autores de "uno de los atentados más execrables"cometidos en España y con el que, según dijo uno de los abogados, ETA "buscaba una proyección internacional tras los atentados de las Torres Gemelas en Nueva York y el 11-M". Otra de las acusaciones particulares, que representa a un herido en la explosión, relató cómo su cliente estuvo "a punto de morir por una causa que desconoce". Por su parte, el representante de un policía que tuvo que dejar de trabajar por las lesiones que le dejó el atentado defendió que "lo que sí es fascista"es cometer acciones terroristas y asesinar a inocentes. "Eso sí es fascista", remachó. Una vez declarado visto para sentencia el juicio, mientras los familiares y amigos de los presuntos terroristas se disponían a visitarles en los calabozos, antes de que fueran conducidos de nuevo a prisión, parientes de los fallecidos se acercaron al fiscal Daniel Campos para agradecerle su intervención en el juicio y expresarle su deseo de que tres años después del atentado "se haga Justicia". El fiscal elevó ayer de 900 a 1.120 su petición de cárcel para los tres presuntos autores del atentado, al considerar que ha quedado acreditado que en total fueron 52 las personas que resultaron heridas, y no 41 como inicialmente se calculó. En concreto, les atribuye dos delitos consumados de asesinato terrorista, por los que pide 60 años de cárcel (30 por cada uno), 52 delitos de intento de asesinato, por los que solicita 20 años de cárcel por cada uno, y un delito de estragos, que incrementa en 20 años más las penas solicitadas.