La luz subirá otra vez en julio al menos un 35%

Madrid- Segunda subida anual del recibo de la luz si los precios de la energía no lo impiden. La subasta de la electricidad prevista para el próximo día 26, que establece los valores para el trimestre julio-septiembre, prevé incrementos que elevarán al menos un 3,5% el recibo final para el consumidor, según indican fuentes del sector a LA RAZÓN.

Esta estimación al alza, que no tiene en cuenta posibles subidas del tramo regulado –la otra mitad de la factura eléctrica–, encarecería la luz para los consumidores domésticos un 10,5% en lo que va de año, tras la subida del 7% del pasado abril. Los precios de la energía base se mueven en el entorno de los 55 euros/MWh a una semana escasa de la subasta Cesur que determina la mitad de la Tarifa de Último Recurso (TUR). A esta tarifa están adscritos más de 20 millones de clientes, casi el 70% del mercado.

La tradicional alza del precio de la energía en el trimestre veraniego, motivada, entre otras causas, por los picos de demanda que genera el fuerte calor, podría ser compensada por una bajada del tramo regulado de la tarifa. Sin embargo, ésa es una posibilidad improbable tras las últimas sentencias de la Justicia contra esa práctica.

La TUR es la suma de dos térmi-nos: el tramo regulado, que supo-ne aproximadamente el 48% de la factura y donde el Gobierno inclu-ye las ayudas a diferentes sectores y demás peajes de la política ener-gética, entre ellos las ayudas al carbón (4-5% del coste del recibo) y el precio real de la energía, que se determina por las subastas. El Ejecutivo podría jugar con los peajes de acceso para equilibrar la subida del precio de la energía y congelar la tarifa, algo que ya hizo en enero y que le costó una dura sentencia del Tribunal Supremo para evitar que el déficit de tarifa presupuestado para 2012 sobrepase los 1.500 millones de euros y para hacer frente a los desajustes de 2011.

El Supremo consideró en su sentencia que los actuales peajes de acceso que sufragan los costes de las actividades reguladas no son suficientes para hacer frente al déficit de tarifa que se genera por los desajustes entre ingresos y gastos, por lo que solicitó al Ministerio de Industria, Energía y Turismo, que dirige José Manuel Soria, que «complemente» los peajes de acceso.

El alto tribunal ha llamado en numerosas ocasiones la atención al Ministerio de Industria sobre su insistencia en vincular la subida de los peajes de acceso a los precios reales de la energía, que se fijan de acuerdo a los precios de las materias primas, de tal manera que éstos suben en la cuantía en que baja el coste de la electricidad o, al menos, tienen muy en cuenta este factor para que las subidas en el recibo no sean muy notables para los consumidores.

El Supremo ha exhortado a Industria a que fije los incrementos necesarios en esta partida en las sucesivas revisiones de la tarifa eléctrica. No elevar en las cuantías suficientes los peajes ha sido una de las causas que han engrosado el déficit de tarifa, que ya supera los 24.000 millones y que el Gobierno señala como el principal problema del sector.

Si el Ministerio de Industria se decide a abordar el problema y comenzar a reducir los sobrecostes del sistema (generados por ser insuficientes los ingresos del recibo de la luz para hacer frente al precio real de todos los conceptos que incluye la tarifa, en especial las ayudas al desarrollo y generación de energías renovables) debería optar por incrementos superiores que podrían llegar incluso al 15%, como reclama la patronal eléctrica Unesa.

El precio de la factura, un 11% superior a la media de la UE
Ignacio Sánchez Galán, presidente de Iberdrola, ha recordado más de una vez que España cuenta con «unos precios del mercado mayorista menores que sus vecinos, pero su factura eléctrica es un 11% superior a la media de la UE», según Eurostat. Buena culpa de ello se la atribuye al «apoyo político» a las renovables, que supone un mayor coste por MWh (22 euros), frente a menos de 11 euros en Alemania o 3,3 en Reino Unido. Esto ha generado un déficit de tarifa equivalente al 2% del PIB español. El Gobierno ha prometido cambiar las cosas.