La nueva ley penal otra división en el CGPJ

Dos cuestiones claves en la reforma
El borrador de la nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal que el Ministerio de Justicia pretende llevar al Consejo de Ministros en un plazo corto, contiene dos aspectos que ya han levantado opiniones a favor y en contra: la habilitación para que la instrucción e investigación de las causas pase al Ministerio Fiscal, acorde con el sistema imperante en la mayoría de países europeos, y limitar la acción popular, excluyendo del ejercicio de la misma por ejemplo, a partidos y sindicatos. LA RAZÓN ha querido conocer la opinión de un número relevante de vocales del Consejo General del Poder Judicial, aunque es del todo punto necesario aclarar que sus opiniones son a título particular, como juristas, y no como miembros del órgano de gobierno de jueces y magistrados. En todo caso, de las respuestas de los mismos ya se prevé que si, finalmente, el anteproyecto llega para informe el CGPJ, el dictamen evidenciará una nueva división en esta institución.

1 / ¿Qué le parece que se otorgue a la fiscalía la instrucción de los procesos?
2 / ¿Es partidario de limitar la acción popular, como prevé el borrador de la ley?

Fernando de Rosa. Vicepresidente (PP)
1. Con el modelo actual de fiscal general, no me parece adecuado. No, dudo de la independencia de los fiscales, pero no debe haber duda alguna de que pudiera haber algún tipo de influencia política en la investigación por la Fiscalía.
2. No debe limitarse. Sí a su ejercicio, pero con requisitos muy estrictos.

Gabriela Bravo. Portavoz (PSOE)
Si el anteproyecto se remite al Consejo será entonces cuando fije mi posición, tras un estudio detenido. Sin embargo, creo que el sistema penal hay que modificarlo. Tenemos una ley del siglo XIX y las complejidades del siglo XXI necesitan un proceso más ágil y eficaz, reforzando, además, las garantías constitucionales. Sobre el fondo del anteproyecto, ya me pronunciaré cuando llegue para informe.

Manuel Almenar. Vocal (PP)
1. Disponemos de un sistema que ha acreditado que funciona con garantía y eficacia Si el legislador opta por otro sistema, tendrá que garantizar el principio de independencia del fiscal y revisar la dependencia jerárquica.
2. Cualquier limitación debe reconducirse a impedir un uso espurio de su ejercicio, pero no más allá.

Félix Azón. Vocal (PSOE)
1. Tiene sentido de que el juez se convierta en control y garantía de los derechos y las investigaciones las realice el fiscal. La instrucción por los fiscales está en la línea de los países europeos.
2. La limitación debe hacerse sólo lo imprescindible, cuando existiese abuso, fraude, etc; sólo lo mínimo posible.

Miguel Collado. Vocal (PP)
1. La instrucción por el fiscal plantea el problema de su plantilla y que la dependencia jerárquica permite atribuir, aunque sea a título especulativo, una cierta lesión de independencia.
2. Además de los inconvenientes constitucionales, no se entiende que se quiera limitar las aspiraciones que nuestro sistema quiso dar a esa figura.

Antonio Dorado. Vocal (PP)
1. Atribuir la instrucción al fiscal tiene el inconveniente de la jerarquización del cargo y el principio de unidad de actuación. Otra cosa es modificar el régimen de instrucción para dotarla de más agilidad.
2. Sería un error limitarla. Derivaría en que el monopolio de la acusación quedaría en gran parte en manos del Ministerio Fiscal.

Concepción Espejel. Vocal (PP)
Cuando nos remitan el anteproyecto para informe será cuando nos pronunciemos en los términos que establece el la Ley Orgánica del Poder Judicial. En todo caso, el Consejo no tiene facultades legislativas. Lo que tenga que decir lo hará vía informe y el legislador tendrá plena libertad para decidir lo que considere oportuno.

Claro José Fernández. Vocal (PP)
1. La instrucción al fiscal debe ser consecuencia y una decisión posterior al reconocimiento de un estatuto de plena independencia del Ministerio Público respecto del Poder Legislativo, desde el máximo respecto al Legislativo.
2. Constitucionalmente es inasumible todo lo que suponga cercenar la iniciativa popular en la participación de la Justicia, que no acaba en el Jurado.

Gemma Gallego. Vocal (PP)
1. No estoy de acuerdo, ni por la dependencia jerárquica ni por la forma de nombramiento del fiscal general. Además, teledirigiría la instrucción y habría unas que se hiciesen y otras que no.
2. Estoy en contra de su limitación. Es una forma de acceder los ciudadanos a la Justicia, que no tiene porqué coincidir con lo que pueda defender en el ejercicio de sus derechos el fiscal.

Antonio Monserrat. Vocal (PP)
1. Es general que en Europa la Fiscalía tenga la instrucción; pero debe tener autonomía, no dependencia y plena independencia del Ejecutivo. Y el juez de Garantías debe contar con un control «fuerte» de los derechos de los investidos.
2 . Me parece mal. Se contempla en la Constitución y hay casos difusos en que no hay un perjudicado directo.

Inmaculada Montalbán. Vocal (PSOE)
1. Soy partidaria del nuevo sistema que se prevé. Es necesario y urgente implantarlo para superar un modelo procesal anticuado y adecuarlo a los modelos europeos; caminar en un sistema donde el fiscal investiga y el juez controla derechos fundamentales y enjuicia.
2. Sólo pueden estar en el proceso los perjudicados o quienes tengan interés directo o indirecto en la causa.

Margarita Uría. Vocal (PNV)
1. Siempre he pensado que sería importante que la Fiscalía investigase y hubiese jueces de garantías. El modelo que se propone no me desagrada en absoluto.
2. La acción popular ha tenido una utilización tergiversada y hay que reconducirla a lo que el constituyente pretendía cuando habilitó esa figura en 1978. Lo que plantea el borrador está acorde a lo que la Constitución prevé.