«El concurso ha estado plagado de irregularidades»

Madrid- Unas 30 personas de la Asociación de Música «Pablo Casals» de Leganés entre profesores, padres y alumnos se encerraron ayer en la Casa del Reloj, entre las 12 y las 15 horas, para protestar por lo que consideran injusto: el concurso que ha realizado el Ayuntamiento del municipio, dirigido por el socialista Rafael Gómez Montoya. Los servicios municipales consideran que no se puede renovar el convenio entre el Ayuntamiento y la asociación un año más y por ello sacaron a concurso público las plazas del profesorado.
«Se amparan en el imperativo legal que obliga a someter a concurso público los contratos superiores a 18.000 euros y por eso estos prestigiosos profesionales deben examinarse», se quejó Pablo Fernández Arias, un estudiante de 4º curso. Una oposición que desde el principio ha estado plagada de irregularidades que profesores, alumnos y padres no han dejado de denunciar.

Prestigiosos profesionales
«Lo que nos duele es que hay 16 profesionales de prestigio que llevan luchando por la escuela más de 30 años y que se van a la calle el 1 de enero porque el Ayuntamiento de Leganés no contempla las soluciones que les ofrecemos», explicó el alumno.
Además, el alcalde, que en un principio rechazó rotundamente la posibilidad de aplazar el concurso hasta que acabara el curso, el jueves pasado, durante una asamblea realizada entre el consistorio de Leganés y la Asociación de Música, cambió de idea y propuso retrasar la convocatoria hasta junio. Su objetivo: «evitar» que los alumnos resultaran perjudicados con el cambio.
Por otro lado, los alumnos no entienden a qué se debe este cambio repentino de profesores, a los que conocen de siempre, y con los que «están felices de aprender, porque han sido los protagonistas de que la escuela sea un referente en educación musical dentro de la Comunidad de Madrid», manifestó una de las madres. Los afectados creen que «se trata de un tema político y de políticos, que no tiene nada que ver con lo educativo» y se quejan de que siguen sin una respuesta clara por parte del Ayuntamiento.
El encierro concluyó cuando agentes municipales llegaron con una orden judicial y obligaron a salir por la fuerza de las instalaciones a la treintena de manifestantes. Fuera los esperaban unas 60 personas que también apoyan su causa.