La acusación pide dos años y nueve meses de inhabilitación para Luna

VALENCIA- A la diez y media de mañana en la pequeña Sala de lo Civil y lo Penal, atestada de diputados y periodistas, comenzó ayer el juicio contra Ángel Luna, acusado de encubrimiento por no revelar quién le dio el informe policial, sometido a secreto de sumario, que exhibió en Les Corts Valencianes.

El acusado, para quien la acusación particular del PP pide dos años y nueve meses de inhabilitación en el ejercicio de cargo público más una multa que superaría los 25.000 euros, y la defensa y Fiscalía la libre absolución; declaró ayer que el informe de marras «aún puede estar» en el grupo socialista de Les Corts Valencianes, y lo ubicó, caso de que esté, en su propio despacho o en una sala común donde los diputados del grupo guardan los documentos de trabajo. «Parece mentira, pero yo no tengo secretaria y prefiero guardar la documentación en formato electrónico. Cuando se nos dio la clave de acceso a internet para entrar en el sumario del proceso judicial que se sigue en Madrid, donde está este documento, me desentendí totalmente del informe en papel».

La defensa, desarrollada por el letrado Virgilio Latorre, argumentó el «chilling effect» o efecto desaliento de la tradición judicial anglosajona para reiterar que Luna es inviolable como parlamentario y dijo que el Supremo y el Constitucional consideran que la inviolabilidad de los parlamentarios «no es un privilegio sino que lo consideran objetivo y necesario para el ejercicio parlamentario».

Luna, en el interrogatorio, explicó que recibió el informe en un sobre anónimo y cerrado y que recibe muchos envíos similares.

Él conocía el contenido del informe, porque ya había sido publicado en algunos medios de comunicación en el mes de octubre de 2009. En este sentido, argumentó que no sabía que estaba bajo secreto de sumario y que incluso llegó a pedir a la Sala del TSJ que se lo pidiera a la unidad policial que lo redactó, ya que no sabía que ya estaba custodiado en los tribunales.

El abogado de la acusación trató de demostrar que, si Luna no hizo nada por asegurar la veracidad del informe, era porque conocía a la fuente y ésta le daba total confianza. Le preguntó por qué no lo pasó por el escáner o si comentó a alguien el contenido.

A la mañana siguiente de su exhibición, Luna vio en los medios de comunicación que el informe estaba bajo secreto del sumario, lo cual no le dio la certeza de que lo estuviera sino de que «el PP había dicho a los periodistas que lo estaba. ¿Cómo lo sabía el PP?», y reconoció saber que es delito extraer un documento de un sumario secreto, pero insistió en que no sabía que lo era.

Por su parte, declararon también su escolta, el jefe de seguridad de Les Corts, el gerente de la sede del PSPV. Todos ellos dieron poca luz sobre los hechos. El escolta sí señaló que pidió explicaciones sobre cómo llegan los sobres a Les Corts «motu proprio», y no a petición de Luna.

También declaró Jorge Alarte, a quien la presidenta de la Sala le tuvo que pedir que no hiciera valoraciones políticas. Dijo desconocer el informe y no marcar más que las grandes líneas políticas a la dirección del grupo.

Por su parte, el Ministerio Fiscal dijo en las conclusiones que «pese a haberme esforzado, no encuentro motivos para acusar de nada al imputado y que se le acusaba de dos delitos imposibles, uno de ellos, la revelación de secretos, que ya se ha demostrado que no cometió al no ser funcionario y el de encubrimiento basado sólo en hipótesis subjetivas».

Dijo que por una hipótesis no se podía romper la presunción de inocencia ni mucho menos el «in dubio pro reo». «El encubrimiento no puede conllevar la inhabilitación, sino solo de multa».