El PP planea llevar las multas por no rotular en catalán al Constitucional

BARCELONA-Coincidiendo con la entrada en vigor del nuevo código de consumo de Cataluña, la presidenta del PP, Alicia Sanchez-Camacho, anunció ayer que su formación está estudiando recurrir esta norma ante el Tribunal Constitucional, aunque no descartan otras vías para conseguir que no se haga efectiva su aplicación. Cabe recordar que la Ley del código de consumo prevé sanciones para los establecimientos que no rotulen y no ofrezcan la información en esta lengua. De hecho, endurece las sanciones ya existentes y sitúa el tope en 10.000 euros en concepto de «multas lingüísticas», que puede ascender hasta un millón de euros si la falta es grave.
Sánchez-Camacho denunció que se trata de una normativa «antidemocrática» que «afecta directamente a la libertad». Es más, la popular está convencida de que la entrada en vigor de esta norma supone un nuevo «acto de insumisión» de la Generalitat después de la sentencia del TC, que ha declarado inconstitucional que el catalán sea considerado lengua preferente en Cataluña.
La Generalitat «es el gobierno de la sanciones, las multas y las imposiciones», lamentó Sánchez-Camacho, al mismo tiempo que ironizó con que «si hiciesen los mismos esfuerzo para salir de la crisis económica, seguro que, al menos, se le recordaría por haber hecho algo positivo».
Los populares no están solos en la cruzada contra las sanciones previstas en el código de consumo. El presidente de C's, Albert Rivera, anunció que su partido también quiere que el Constitucional dirima sobre la constitucionalidad de la citada norma. Por este motivo, el 27 de agosto harán llegar a la Defensora del Pueblo en funciones, María Luisa Cava de Llano, un escrito contra los artículos del nuevo código de consumo que prevén sanciones para los comercios que no atiendan oralmente y por escrito en catalán.

CiU, ahora por la insumisión fiscal
El portavoz de CiU, Oriol Pujol, avisó ayer de que si Cataluña no puede avanzar en el derecho a decidir tendrá que plantearse una «acción concreta tangible y práctica» equivalente al «cierre de cajas». Este hecho sucedió en 1899, cuando mucho comercios de Barcelona se dieron de baja para evitar pagar sus contribuciones al Gobierno, sin incurrir en una ilegalidad. Esta fue la vía que encontraron para protestar con la subida de impuestos posterior a la crisis colonial de 1898. Pujol desea que los catalanes sigan esta estela y hagan una acción «sin pedir permiso». Las ideas de CiU no gustan a Sánchez-Camacho, que criticó el «desconcierto económico» que pretende el líder de CiU, Artur Mas.