Caamaño: Unos 200 «trapicheantes» de drogas saldrán en libertad

Aquellos ciudadanos que trafiquen con pequeñas cantidades de estupefacientes se les va a rebajar tres años la pena máxima -antes la condena era entre 3 y 9 años y ahora oscila entre los 3 y 6 años-, mientras que los grandes narcotraficantes van a ver aumentada su condena de 12 a 18 años -en el antiguo texto era de 9 a 13 años-.

De esta manera, el ministro ha recalcado que el nuevo Código, con arreglo a lo exigido por la Sala Segunda del Tribunal Supremo y a las penas que existen en otros países, se adapta a la proporcionalidad y a la corrección debido a que existen algunos supuestos en los que hablar de narcotráfico tiene unas connotaciones "muy especiales".

"¿Alguien puede considerar que es proporcionado llamar así a una mujer que va a visitar a la cárcel a su hijo drogadicto y que le pasa una cantidad de droga valorada en 72 euros y que por ello es condenada a nueve años de prisión?", ha cuestionado Caamaño en una entrevista en la Cadena Ser recogida por Europa Press para insistir en que estas modificaciones "no suponen ni excarcelaciones masivas ni revisiones masivas de condenas".

Otra de las principales novedades del nuevo Código Penal es la introducción de la libertad vigilada, una medida de seguridad destinada a terroristas y delincuentes sexuales, principalmente pederastas, que se impondrá en sentencia junto a la pena de cárcel por un tiempo máximo de cinco años, aunque se podrá extender hasta los diez años, como se propuso inicialmente.

Con esta modificación, ha comentado el ministro de Justicia, se introduce la perspectiva de la "víctima"y se impide que aunque el terrorista o pederasta haya cumplido íntegramente su condena pueda seguir frecuentando el lugar donde perpetró el delito. Así, el acusado por abusos sexuales deberá estar siempre localizable mediante aparatos electrónicos, a seguir un tratamiento médico o a participar en programas formativos, laborales o de educación sexual. En delitos por terrorismo, además, se establece la imprescriptibilidad de los delitos de esta naturaleza cuando han causado la muerte de una persona

"El derecho penal no puede ser sólo un derecho que sanciona a los delincuentes con garantías legales, sino que también tiene que ser un derecho que se acuerde de la posición de la víctima y la incorpore. Eso es lo que hemos hecho con algunas instituciones como estas", ha subrayado Caamaño.

En materia de corrupción, el ministro de Justicia ha asegurado que las condenas irán "siempre aparejadas"a la pena privativa de libertad debido a que, a su entender, afectan a la "esencia misma"del Estado democrático. De esta manera, en los casos de funcionarios
y responsables públicos que cometan delitos de corrupción se elimina la alternativa entre la prisión o una multa, al igual que para aquellas autoridades que informen favorablemente de proyectos u omitan inspecciones contraviniendo las normas.

Caamaño ha recordado la creación, desde el 2004, de la Fiscalía Anticorrupción que ha hecho que el Grupo de Estados Contra la Corrupción haya "felicitado"a España por los "avances"en la lucha contra toda clase de este tipo de delitos. No obstante, ha subrayado la necesidad de modificar la Ley de Enjuiciamiento Criminal con el objetivo de agilizar los trámites judiciales penales.

"Hay que analizar"los tiempos de espera y de alargamiento de las fases de investigación "desde la reflexión y buscando el consenso y por ello creemos que es necesario que se modifique la Ley. Esto no supone menos jueces ya que siempre tiene que haber un juez que vigile, controle y garantice los derechos de los ciudadanos. Eso es posible en prácticamente todas las democracias y por qué no va a ser posible en España", ha enfatizado.

Respecto al campo de delitos sexuales en Internet contra menores, que el nuevo texto establece un castigo más duro al delincuente que consigue el acercamiento con el menor mediante coacción, intimidación o engaño, Caamaño ha avisado de que este tipo de actos tienen cada vez "más riesgo"al igual que el acoso inmobiliario. "Es algo que afecta a los intereses de toda una comunidad y no sólo de una persona", ha recalcado.

En relación con la seguridad vial, el ministro de Justicia ha indicado la importancia de realizar políticas de reinserción y de reeducación en lugar de utilizar la vía penal porque, según ha comentado, en muchos casos se ha "acreditado"que este tipo de medidas son "mucho más eficaces".

El nuevo Código Penal establece que se castigue con penas de entre tres y seis meses de cárcel, multas de seis a doce meses o trabajos en beneficio de la comunidad al que conduzca por encima de 60 kilómetros por hora en vía urbana o en 80 en vía interurbana o bajo los efectos del alcohol o drogas, permitiendo que el juez elija entre las tres penas.

"Desde hace tiempo este Gobierno, desde el conocido carné por puntos, estamos adaptando una serie de medidas cuyo único sentido es salvar vidas humanas que cada día siguen siendo un drama en nuestras carreteras. Con el nuevo texto el abanico de opciones de los jueces es más amplio para atemperar el tipo de conductas a la realidad de cada situación", ha comentado el titular de Justicia.

Por todas estas modificaciones Caamaño ha concluido asegurando que el nuevo Código Penal es más "proporcional"que el anterior y ha recordado que la no inclusión de la cadena perpetua, motivo por el cual el PP se abstuvo en la votación de la Ley, se debe a que el artículo 25 de Constitución no lo permite.

"No nos gustan ni los corredores de la muerte ni los corredores en los que se agota la vida. Creemos que siempre tiene que haber una posibilidad, como dice el artículo 25, y creemos que las penas que pueden ser de 40 años son de muy larga duración en un país donde existe el principio, no ocurre así en otros, de cumplimiento íntegro de las penas", ha remarcado Caamaño.