Pago a proveedores

El Gobierno recortará el sueldo a los directivos del sector público

Reducirá además los cuadros de mando de todas las sociedades y el número de consejeros. Ultima la reestructuración que llevará al Consejo de Ministros

El Gobierno recortará el sueldo a los directivos del sector público
El Gobierno recortará el sueldo a los directivos del sector públicolarazon

MADRID- El Gobierno sigue haciendo equilibrios con los que compensar las medidas más impopulares de las reformas estructurales, como la del mercado laboral, que está poniendo en marcha con un doble objetivo: que le confirmen ante Bruselas como un «país fiable y cumplidor» y que ayuden en clave doméstica «a activar cuanto antes la recuperación económica».

Al tiempo que aprobó la reestructuración financiera, el Ejecutivo activó la «poda» de las remuneraciones de los directivos de la banca, una iniciativa tan del gusto de la socialdemocracia que en las filas socialistas todavía siguen lamentándose por no haber sido ellos, y no un Gobierno del PP, quienes la pusieran en marcha. Ahora el Gobierno de Rajoy ultima otro importante y simbólico recorte de sueldos, esta vez en el sector empresarial y fundacional público.

Este tijeretazo puede aprobarse ya en el Consejo de Ministros del próximo viernes, que será el prólogo del Congreso de Sevilla que el PP utilizará de caja de resonancia de un discurso social con el que busca atemperar en lo posible algunos de sus ajustes.

De revolución en revolución. De la laboral del pasado viernes a la que llega ahora al sector público, poco más de un mes después de que el ministro de Hacienda elevase al Consejo de Ministros un primer informe sobre su reestruturación. Entonces el Gobierno encargó a cada ministerio un balance de sus empresas públicas y los posibles recortes a introducir en las mismas, una obligación que hizo extensiva a las comunidades autónomas.

En marzo de 2010, éstas se comprometieron a elaborar en el plazo de tres meses un plan de racionalización y eficiencia del gasto público. El objetivo era eliminar, en términos netos, 514 entidades, si bien, de acuerdo con los datos disponibles a principios de enero, sólo se habían suprimido 69, lo que representa tan sólo un 13,4 por ciento.

El plan del Gobierno se sostiene en varias patas: cierre de empresas públicas; reducción de los cuadros directivos y limitación del número de miembros de los consejos de administración, y homologación de sueldos, indemnizaciones, gastos de representación, estructuras directivas... Todo, al servicio, dicen en Moncloa, de recortar gasto público y uniformizar el modelo.

En cuanto a las indemnizaciones, el Gobierno se ha encontrado en la herencia socialista casos que califica de «escandalosos». Aunque había una norma, sin valor de ley, que establecía por ejemplo que la indemnización tipo fuera de 12 mensualidades y que hubiera un contrato también tipo, ha habido excepciones, muchas y de alta cuantía.

A partir de ahora las extinciones de contratos mercantiles y de alta dirección de los presidentes y consejeros delegados de las entidades del sector público estatal, y de su personal directivo, por desistimiento del empresario o del empleador, no podrán tener una indemnización superior a siete días por año de servicio de la retribución anual en metálico, con un máximo, además, de seis mensualidades.

La vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, ha anticipado que si el cese afecta a alguien vinculado con la Administración Pública, ni siquiera tendrá indemnización porque recuperará su plaza como funcionario.

Sáenz de Santamaría también adelantó ayer que el Gobierno aprobará un plan de empleo para jóvenes antes de finales de marzo, que será abordado en una Conferencia Sectorial con todas las comunidades autónomas para que se impliquen en el mismo.


LA LUPA
La empresa pública Don Quijote gastaba el doble de lo que presupuestaba

La empresa pública Don Quijote gastó en 2007 el doble de lo presupuestado, lo que tuvo que ser compensado por el Gobierno regional, según el informe del síndico de Cuentas correspondiente a ese año. La Sindicatura apunta que la Consejería de Cultura, de la que dependía la empresa y cuya responsable era administradora única, tuvo que aportar una subvención de 13,4 millones para compensar las pérdidas, que fueron de 13,5 millones. El síndico plantea además que casi la mitad del gasto se dedicó a cuestiones fuera del objeto social de la empresa: el 30 % se destinó a publicidad, el 16,5 % a exposiciones, el 13 % a producir dos películas, un 11 % a conciertos y un 9 % a mantener la Ruta Don Quijote.