Cuotas de los trabajadores por Carmen Gurruchaga

El Gobierno de Zapatero ha subvencionado a los principales sindicatos con un 40% más que el de Aznar. Les ha dado 1.000 millones, mientras congeló las pensiones para ahorrar 1.500. El argumento es que la Ley obliga a financiar a los representantes de los trabajadores con los Presupuestos Generales del Estado, porque el legislador consideró racional que una parte de los impuestos de los españoles sirva para financiar el supuesto bien común que hacen los sindicatos. Pero este sistema de financiación puede cambiarse y elegir, por ejemplo, el de los países del norte de Europa en los que la sindicación es obligatoria y al trabajador se le quita de la nómina un 1% para el sindicato. Luego, cada uno se afilia al que considera que mejor defiende sus intereses.

En cualquier caso, el debate está ahí, pues cada vez más españoles reclaman que las centrales sindicales sean capaces de autofinanciarse con las cuotas o con ese 1%. De hecho, en España, USO vive muy dignamente de sus afiliados. Y el querer privarles del dinero que «chupan» del papá Estado sin demasiadas justificaciones contables posteriores, nada tiene que ver con el deseo de que los sindicatos no sean fuertes o que los trabajadores estén más indefensos, como maliciosamente señalan desde sectores sindicales. Solamente está relacionado con la necesidad de que los trabajadores gocen de una real representación sindical que les defienda en situaciones problemáticas.

Y es que, como nadie muerde la mano que le da de comer, mientras las dos grandes centrales sindicales españolas vivan, bastante bien por cierto, del dinero que les da el Ejecutivo, difícilmente actuarán en su contra porque, por decirlo gráficamente, deben tener más interés en «cuidar» al Gobierno que a los trabajadores.
En cambio, si son los afiliados quienes con sus cotizaciones mantienen el sindicato, o todos los trabajadores con ese 1%, se preocuparán de tener contenta la mano que le da de comer, estarán más controlados porque los trabajadores se preocuparán de que cumplan con su deber y sobre todo, no se cometerán las arbitrariedades y corruptelas que en España conlleva la subvención pública directa.