El juez valida las escuchas policiales realizadas por el «caso Brugal»

Alicante- El juzgado de instrucción número 5 de Alicante validó ayer las escuchas policiales que descubrieron las supuestas ilegalidades en el diseño del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de la ciudad, asunto en el que el fiscal implica a la alcaldesa, Sonia Castedo, y su antecesor, Luis Díaz Alperi, del PP.
Dictaminó que el momento procesal idóneo para declarar nulidades de diligencias de investigación acordadas por el juez instructor será cuando el hecho se está enjuiciando, lo cual podría ocurrir en el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat por la condición de aforados de Castedo y Díaz Alperi, al éstos ser disputados autonómicos.
El aval de este juez contrasta con el del juzgado de primera instancia número 3 de Orihuela, que anuló parte de las escuchas policiales que dieron origen a la veintena de piezas separadas de la operación, al creer que algunos de los autos que las avalaron carecían de motivación o que ésta era insuficiente.
Por otra parte, el exdirector general adjunto de Bancaja José Cortina relató al juez de las supuestas ilegalidades en el Plan General de Ordenación Urbana de Alicante que se reunió con la alcaldesa, Sonia Castedo, y su antecesor, Luis Díaz Alperi, ambos del PP, aunque aclaró que en encuentros «lícitos».
Los investigadores creen que Cortina pudo recibir información privilegiada, así como influenciar, diseñar y conseguir a través del principal imputado en esta pieza del Brugal, el constructor Enrique Ortiz, que se resolvieran a su medida aspectos relevantes de la redacción del PGOU, por ejemplo en el APA 9 (Vistahermosa) o en los saladares de Aguamarga. Cortina no hizo declaraciones a los medios.