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Los funcionarios estudian denunciar los impagos

Empleados públicos hicieron ayer una sentada en el vestíbulo del Palau de la Generalitat
Empleados públicos hicieron ayer una sentada en el vestíbulo del Palau de la Generalitatlarazon

BARCELONA- La sexta reunión entre representantes de la Generalitat y los funcionarios no sirvió para acercar posturas sobre los recortes, sino más bien para todo lo contrario. El encuentro no llegó ni a las tres horas y acabó con las posturas muy distanciadas. No obstante, ambas partes volverán a reunirse hoy.

Los sindicatos de funcionarios estudian la posibilidad de llevar a la Generalitat a los tribunales por el retraso con el que los trabajadores públicos cobrarán parte de la paga extra de Navidad. El Govern lo atribuyó al impago de los 759 millones que, a su juicio le debe el Gobierno por una disposición del Estatut.

«No nos quedaremos parados ante esta decisión», dijo el portavoz de UGT, Xavier Casas. Por su parte, la representante de CC OO, Josefina Pujol, señaló que «si el Govern no paga cuando le toca, pondremos nuestros servicios jurídicos a trabajar contra este impago de nóminas».

Los representantes de los sindicatos se levantaron de la mesa de las negociaciones precisamente para asistir a la rueda de Prensa del conseller de Economía, Andreu Mas–Colell, en la que anunció estas medidas. No pudieron acceder al Palau de la Generalitat, pero protagonizaron una pequeña protesta en el vestíbulo.

Por su parte, fuentes de la conselleria de Gobernación explicaron que la administración propuso la reducción de la jornada laboral de una parte de los interinos y otra para que los funcionarios puedan recortar también su jornada de manera voluntaria, con lo que se conseguiría un ahorro, que no se cuantificó.

La Generalitat pretende ahorrar con el conjunto de medidas que ha puesto sobre la mesa de negociación un total de 625 millones de euros, de los que 306 corresponden al recorte salarial que se obtendría con la reducción de pagas extras de junio y diciembre de 2012. Los sindicatos insisten en que hay alternativas, como son la recuperación parcial del impuesto de sucesiones y la reducción del número de asesores y de los salarios de los altos cargos.