El PP exige a la Junta que atienda la negativa del TSJA a externalizar

El último caso, tal y como avanzó ayer LA RAZÓN, es la licitación de un contrato por 464.695 euros para los servicios de recepción de las ocho delegaciones provinciales del Ente Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educativos, dependiente de la Consejería de Educación. Ante este panorama, el secretario general del PP-A, Antonio Sanz, exigió ayer a la Junta, «obsesionada en no rectificar», que tenga en cuenta los fallos del Alto Tribunal andaluz en relación con las externalizaciones. A su juicio, este encargo supone «un nuevo paso atrás en el camino», por lo que le instó a abandonar esta práctica.

Dentro del amplio paquete de enmiendas presentadas la semana pasada al Proyecto de Ley de reordenación del sector público, los populares formalizaron dos que tienen que ver con las encomiendas de gestión. «Creemos que se tienen que limitar al máximo, dejando muy claro que las potestades públicas tienen que recaer directamente sobre los funcionarios», precisó el dirigente popular. La segunda propuesta se refiere a la creación de un código de buen gobierno del sector público. «Pedimos que este año lo presente el Consejo de Gobierno para su aprobación posterior en el Parlamento», señaló. El objetivo es el fomento de un «compromiso ético» entre los empleados públicos de la Administración autonómica para «garantizar una gestión sometida a unos valores concretos, como la transparencia y el rigor».

En relación a las enmiendas del PSOE, criticó que «sólo buscan la privatización de los servicios, tal y como viene demostrando la Junta con las externalizaciones». Aunque los propios dirigentes socialistas, como el ponente parlamentario José Caballos, han venido asegurando que sus enmiendas son una «vacuna contra la privatización», Sanz denunció que el Gobierno andaluz «hace todo lo contrario» con el polémico «decretazo», independientemente de «consolidar otros estatus».
La posibilidad de acuerdo entre ambas formaciones, por tanto, resulta en estos momentos imposible. El dirigente popular criticó que, tras las reuniones mantenidas con el PSOE sobre este asunto, «no nos han vuelto a llamar». «Son los que hacen la ley, así que son los que tienen que contestar», dijo.