Por qué Cataluña no es Escocia por Romualdo Bermejo

Mucho se viene hablando los últimos días tanto del referéndum escocés de 2014 como de una consulta en Cataluña relacionada con una eventual independencia. Sin embargo, las diferencias entre un caso y otro son abismales, no sólo desde el punto de vista histórico sino también jurídico y constitucional. Los medios de comunicación se han volcado sobre el tema catalán en nuestro país con pasión, pero sin llevar a cabo un análisis racional; e irracionales han sido las continuas salidas de tono del presidente catalán. No se puede del día a la noche coger una pataleta e irse por los cerros de Úbeda proclamando la nación catalana, cosa que podría no estar mal y ser aceptada sin más, si no añadiera lo de la creación de un Estado.
Como se sabe, el tema escocés no data de ahora, pues desde hace ya tiempo se viene hablando del referéndum. Sin embargo, siempre se ha planteado la cuestión en connivencia con las autoridades británicas, y partiendo de la premisa de un estricto respeto a la voluntad popular, tanto por unos como por otros. Prueba de ello es el contenido de la única y escueta pregunta que se va a hacer al pueblo escocés para que diga si quiere o no la independencia. No se ha dicho nada de la UE, pues por el momento no viene a cuento. Tampoco conviene olvidar las peculiaridades del sistema político británico, muy diferente al nuestro, tanto a nivel jurídico como histórico.

Si comparamos el caso escocés con el catalán, las diferencias de planteamiento son abismales. Aquí no se ha planteado al Gobierno español por parte del presidente catalán la eventual posibilidad de negociar una eventual consulta en Cataluña, sino que de forma intempestiva se reta a las autoridades del Estado, obligadas a cumplir y a respetar el marco constitucional vigente, por cierto como también lo están las autoridades catalanas, a que más o menos acepte el denominado «pacto fiscal», ya que, sino es el caso se irá por la vía de la independencia. Este desafío al marco constitucional y a las autoridades estatales no sólo es inadmisible, sino que plantea además un enorme desprecio al pueblo español, ya que, se quiera o no, algo tendrá que decir, como ya señaló, en su caso, el Tribunal Supremo canadiense en relación con una eventual independencia de Quebec.

Sorprende, sin embargo, que muchos comentaristas, e incluso juristas, que han venido considerando el marco constitucional vigente en España como el pilar fundamental de nuestra convivencia, e incluso como un ejemplo a seguir por otros países, se muestren ahora reticentes a invocarlo, en aras de no se sabe muy bien qué razones democráticas o de autodeterminación. Y ahí está en Europa un país como Suiza que para crear un nuevo cantón, el Jura, a finales de la década de los setenta, no sólo votó la población del territorio en cuestión, sino toda la población del cantón de Berna, el cantón afectado por la separación, y después toda la población helvética. Como jurista creo que éste debería ser el camino a seguir por Cataluña, si es que realmente se quiere plantear la cuestión de forma civilizada y democrática.

Pretender sin más que no se puede obligar a un pueblo a mantenerse dentro de una determinada estructura estatal, de la que ha formado históricamente parte, sin que la población de ese Estado se pronuncie es más que discutible desde el punto de vista jurídico, y desde el punto de vista político un auténtico disparate. La democracia española somos todos. Al menos eso es lo que se ha dicho.
 

Romualdo Bermejo
Catedrático de Derecho Internacional en la Universidad de León