Ante el drama del desahucio

El suicidio, ayer en Baracaldo, de Amaia Egaña, quien se arrojó por el balcón en el mismo momento en que la comisión judicial procedía a desahuciarla de su vivienda, ha conmocionado a la sociedad, ya alarmada por el incremento de los desahucios que viene provocando la profunda crisis económica española. La trágica noticia propició que el Gobierno y el principal partido de la oposición, el PSOE, aceleraran los trabajos de la comisión paritaria que el próximo lunes deberá plantear un paquete de medidas de urgencia que palíen este drama. Es una reacción que les honra y que demuestra hasta qué punto es preciso en situaciones límite como las que vivimos que los dos grandes partidos nacionales se pongan unidos a la tarea. Aunque son evidentes los problemas jurídicos a los que se enfrenta cualquier medida de urgencia que no venga amparada por una modificación legal, se impone una moratoria para los casos más sangrantes, que son los vinculados al desempleo. Pero el esfuerzo legislativo no debe quedar ahí. En España, la morosidad hipotecaria privada es una de las más bajas de Europa, cercana al 3 por ciento, y ello es así porque el español medio, enfrentado a una situación adversa, lo último que deja de pagar es la hipoteca de su casa. Hablamos, pues, de situaciones de necesidad que en nada tienen que ver con los «profesionales» del impago de las deudas, ni con los embargos vinculados a segundas y terceras residencias. Pero, al mismo tiempo, la crisis actual ha puesto al descubierto las carencias y el anacronismo de una legislación hipotecaria que data de principios del siglo XX, que es claramente preconstitucional y que provoca un claro desequilibrio entre el deudor y el acreedor. La anómala situación ha sido puesta de manifiesto por amplios sectores de la sociedad, empezando por el Poder Judicial, forzado a aplicar unas leyes que impiden cualquier discrecionalidad a tenor de las características individuales de cada caso. Ayer mismo, el juez de guardia de Baracaldo, Juan Carlos Mediavilla, encargado del levantamiento del cadáver de Amaia Egaña, expresaba la impotencia que sienten los jueces ante la rigidez de la ley en vigor, lo que fue constatado por el vicepresidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Fernando de Rosa, quien declaró que la actual ley hipotecaria «no responde al principio constitucional de Estado social y democrático de Derecho». Sabemos que nos encontramos ante la necesidad de abordar una reforma de gran calado que, por su naturaleza, no sólo debe seguir los pasos previstos por la legislación, sino que debería ir precedida de un cuidadoso estudio. Pero, mientras se produce, la urgencia dicta la adopción de medidas extraordinarias. El presidente del Gobierno lo entendió así y anunció anoche iniciativas para paralizar temporalmente los desahucios a familias vulnerables.