Rajoy: «Cuando gobierne haré una reforma laboral La huelga no arreglará nada»

- ¿Hay motivos para convocar una huelga general?
–La política económica de los últimos años ha hecho mucho daño a España. Más de 4.700.000 españoles quieren trabajar y no pueden hacerlo; la tasa de desempleo entre los jóvenes llega al 42 por ciento y hay muchos autónomos y pequeñas y medianas empresas que han tenido que cerrar. Toda la política económica ha sido un enorme error, que ha venido precedido de un gran engaño. Ahora bien, no soy partidario de la huelga general porque no va a arreglar nada y sí que puede ocasionar aún más dificultades a empresas y a particulares que ya están sufriendo las consecuencias de todas las malas decisiones adoptadas por este Gobierno.

–Apunta a los errores del Gobierno..., ¿y los sindicatos? ¿Han estado a la altura de las circunstancias?
–Quien no ha estado a la altura de las circunstancias es el Gobierno, que es el que toma las decisiones. El Gobierno es responsable de que se haya disparado el déficit público, de que aumente la carga fiscal de las familias y de que se apruebe una reforma laboral que no va a servir para crear empleo. El único responsable de la política económica es el Gobierno.

–¿Pero aprueba el funcionamiento de las centrales sindicales? ¿O están demasiado politizadas y deberían reestructurarse?
–Los ciudadanos creen mayoritariamente que hay que recortar gastos en la Administración Pública y que hay que reducir organismos públicos, empresas y entes fundacionales. Según los últimos datos de la Intervención General del Estado y del Banco de España, ya alcanzan en su conjunto la escandalosa cifra de 3.800. Si se ha impuesto un esfuerzo a los pensionistas, a los funcionarios y a otros sectores débiles de la sociedad, lo lógico es que ese esfuerzo lo hagan también los sindicatos.

–¿Usted promoverá alguna propuesta en el Congreso para generalizar en todas las comunidades la decisión de Aguirre de aplicar la ley para reducir el número de liberados?
–Si de lo que se trata es de aplicar la ley, ya se debería estar haciendo.

–¿Pero cree que los liberados son un problema, o no?
–En estos momentos nuestra prioridad es que se ponga en marcha una política económica como Dios manda: que no se congelen las pensiones el año que viene, que se cumplan los objetivos de déficit público marcados por la UE y que se aprueben unos Presupuestos reales.

–Por cierto, ¿urge una ley de huelga?
–Llevamos 30 años hablando de esto y para mí hoy no es una prioridad.

–¿Cree que la convocatoria del miércoles será un fracaso?
–No lo sé. Sólo espero que sea una jornada pacífica, que la gente pueda elegir con libertad y que cuanto antes nos pongamos manos a la obra con lo mucho que hay que hacer en España para salir de la crisis.

–¿Qué hay que hacer para que España vuelva a crear empleo?
–Lo más urgente es crear un clima de confianza y de certidumbre que favorezca la inversión. Y hace falta un plan, darlo a conocer, tener una mayoría y tener coraje para cumplirlo. Las dos prioridades son el control del gasto público y la reorganización de las administraciones, para eliminar duplicidades y recortar gastos corrientes. Y luego hay que poner en marcha las reformas estructurales necesarias para dar un impulso a la actividad y hay que diseñar una serie de medidas de apoyo a las pequeñas empresas y los autónomos, que son quienes crean empleos en España.

–La pregunta obligada es qué gastos y qué duplicidades va a recortar si gobierna.
–Evidentemente todos los que se puedan recortar. Y lo primero que hay que hacer es una ley de estabilidad presupuestaria que fije techos de gasto y endeudamiento de las administraciones. Este Gobierno es el responsable de que el déficit haya superado el 11 por ciento, y ahora su obligación es concretar y decidir dónde mete la tijera para cumplir lo que le ha exigido Bruselas. Yo ya he dicho que nunca hubiera congelado las pensiones y a partir de ahí, creo que se pueden hacer recortes en todas las demás partidas.

–Si usted gana las próximas elecciones generales, ¿promoverá otra reforma laboral?
–Sí, porque la que ha aprobado en solitario el PSOE no es la que necesita ahora mismo nuestra economía. Mi programa electoral se ajustará a las 71 enmiendas que hemos presentado y que el PSOE ha rechazado en su totalidad. Hay que hablar de negociación colectiva, de flexibilidad en la empresa, formación, etc.

–¿Y anulará también el recorte de sueldo a los funcionarios?
–En el futuro habrá que actuar con más sentido común. Evidentemente, hay sectores, como el de la sanidad o el de la educación, que necesitan una plantilla amplia de funcionarios. Pero también es verdad que en los próximos años habrá que reducir considerablemente las ofertas de empleo público.

–¿Y lo sueldos?
–Sería una frivolidad por mi parte anticipar esa respuesta sin saber cuál va a ser la situación económica cuando gobernemos. Habrá que tomar las decisiones en función de las circunstancias económicas. En el 96 nosotros congelamos los salarios de los funcionarios, pero también bajamos los impuestos, creció la economía y, al final, los ciudadanos ganaron poder adquisitivo. El problema es que este Gobierno ha ido tomando decisiones para salir del paso y no en función de una estrategia planificada. Yo presentaré un programa para cuatro años con reglas de juego muy claras.

–Si necesitase apoyos para gobernar, ¿buscaría un acuerdo estable y por escrito con los nacionalistas como en el 96?
–Me presentaría al debate de investidura diciendo «éstos son los acuerdos a los que he llegado y esto es lo que someto a votación». El problema de España es que vivimos en una montaña rusa permanente.

–¿Por qué?
–Les pongo como ejemplo cuatro noticias de los últimos días. Por un lado, se ha confirmado una subida de la luz del 4,8 por ciento, que se suma a la del 2,6 por ciento del mes de enero, y que es consecuencia de las políticas equivocadas del Gobierno y de sus primas a las renovables. A esto hay que añadir la subida del IRPF: la media en el marginal del tipo más alto en la UE a 27 es de 37,5 por ciento, y en la Unión Monetaria es el 42,2 por ciento. En España vamos al 45 por ciento por la mala gestión de Rodríguez Zapatero del déficit público. Y hay que añadir el acuerdo con el PNV para que Zapatero siga un año más en La Moncloa, cuyos términos exactos siguen siendo un misterio, y por último la paradoja de que la televisión pública vaya a costar 1.200 millones de euros a los sufridos contribuyentes porque Zapatero decidió en su día quitarle la publicidad. No hay coherencia, ni criterio.

–Citaba el acuerdo Gobierno-PNV, ¿puede afectar al pacto que mantienen ustedes con el PSE en el País Vasco?
–Nosotros cumplimos los pactos, no como otros. Pero es verdad que ese acuerdo presupuestario deja en una difícil posición al Gobierno vasco sólo para que Zapatero siga un año más en La Moncloa. Implica, además, un traspaso que contradice todo lo que PSOE y PP hemos defendido durante 30 años y afecta a la igualdad y a la Seguridad Social. Zapatero ha pagado un precio muy alto para aguantar un año más en el Gobierno. Los presupuestos tienen que servir para atajar la crisis y crear empleo y eso no se ve por ninguna parte.

–También refleja esa perversión del sistema que hace decisiva a una fuerza minoritaria, ¿no?
–No tendríamos este problema si el PSOE mantuviera la posición que defendía antes de la llegada de Zapatero, es decir, si siguiera defendiendo que los traspasos se pactan entre los dos partidos.

–¿Queda todavía margen para nuevas transferencias a las comunidades?
–No. El futuro debe pasar por avanzar en el proceso de cooperación y por mirar más por el interés general.

–Y en ese futuro, ¿se podrá mantener el Estado del Bienestar tal y como está hoy planteado o habrá que revisarlo?
–Es probable que hagan falta reformas, pero creo en el Estado del Bienestar y creo que debe seguir garantizándose un sistema público de pensiones, una sanidad pública y una educación pública.

–Dicen sus adversarios que es muy fácil hacer el discurso social tan del gusto de la calle cuando se está en la oposición, pero que habría que ver si podría mantenerlo si llega al Gobierno.
–Cuando gobernamos lo hicimos. Le recuerdo que cuando llegamos al Gobierno en 1996, lo primero que hicimos fue garantizar por ley la revalorización de las pensiones según el índice del coste de la vida. Un logro que Zapatero acaba de liquidar de un plumazo. El problema es que hay que ser capaz de poner en marcha una política económica que genere empleo y el Gobierno ha demostrado que es incapaz de hacerlo. Con nosotros se crearon 5 millones de puestos de trabajo, ¿conocen otra política social mejor?

–Y el problema también ha sido la crisis del ladrillo, la crisis financiera...
–Igual que en toda Europa, pero en los demás países se crece y aquí estamos en recesión. Alemania ha tenido un crecimiento del 3,7 en el último año y España del -0,1 ; en el interanual la UE crece el 1,7 y España baja el -0,1. El Gobierno no se enteró de la crisis internacional ni de los dos grandes problemas de la economía española: un endeudamiento brutal con un déficit del sector exterior de más del 10 por ciento, y un problema de competitividad general de nuestro sistema productivo.

–Y una burbuja inmobiliaria heredada de años atrás.
–El año en el que se construyeron más viviendas en España fue en 2006. Alguna responsabilidad tendrá el Gobierno de Rodríguez Zapatero.

–Los ayuntamientos están en quiebra, las comunidades hablan de colapso financiero... ¿Estamos ante un problema que trasciende ya a un Gobierno y a un partido y que pone en cuestión un modelo autonómico?
–Estamos ante un problema provocado por un Gobierno que ha cometido muchas irresponsabilidades, como aprobar un nuevo modelo de financiación, que el PP no respaldó, y que ahora ni siquiera cumple. O como elaborar unos malos presupuestos, dar dinero de más a las autonomías, y ahora exigirles que devuelvan en 5 años muchísimos millones de euros, sabiendo que su situación es crítica. El disparate es tal que ahora pretende trasladar sus errores a otras administraciones y responsabilizarlas a ellas de un segundo recorte social. El compromiso de las comunidades del PP con la reducción del déficit es firme, pero también exigimos al Gobierno que cumpla su parte.

–Entonces, ¿cree que el Estado autonómico tal y como está planteando sigue siendo sostenible?
–Sí, pero habrá que hacer reformas.

–¿Cuáles?
–Las necesarias para corregir una deriva que ha salido muy cara: la duplicidad de competencias y organismos, la ruptura de la unidad de mercado, el descontrol presupuestario, etc. España además debe buscar de una vez la solución a su dependencia energética, para revisar los errores que se han cometido con las energías termosolares y fotovoltaicas.

–Hablaba de la energía. ¿Qué hacemos con el almacén de residuos nucleares? ¿Aprueba que se ubique en Zarra si así lo aconsejan los técnicos?
–El Gobierno tiene que ejercer sus competencias y tiene que tomar una decisión. Que hable el ministro de Industria; y si tiene una actitud dialogante será capaz de acordarlo.

–Parece que decisión había, pero que la furibunda reacción valenciana la paralizó.
–Insisto, es el Gobierno el que tiene que tomar la decisión.

–Pero comprenderá que resulta contradictorio que un partido como el PP, que se declara pronuclear, monte en cólera cuando el almacén puede acabar en uno de sus feudos.
–Probablemente nadie lo quiera, pero para eso está el Gobierno que, como les he dicho ya, es el que tiene que tomar la decisión.