La Guardia Civil desvela que la cinta del «chivatazo» se manipuló dos veces

Ratifican ante el juez Ruz que los cortes no fueron en ningún caso «accidentales»

Fachada del bar Faisán, de Irún
Fachada del bar Faisán, de Irún

MADRID-Los peritos de la Guardia Civil que analizaron la cinta grabada en las inmediaciones del bar «Faisán» de Irún, el 4 de mayo de 2006, día del supuesto «soplo» policial en una operación antiterrorista contra el «aparato económico» de la banda terrorista ETA, ratificaron ayer ante el juez de la Audiencia Nacional que los cortes en las grabaciones efectuadas ese día no son en ningún caso «accidentales».

De esta forma, insistieron en su criterio de que la cinta fue «manipulada, aunque no pudieron concretar si lo fue por negligencia o por imprudencia de quien operaba la cámara en esos momentos, según fuentes personadas en la causa.

Velocidad
Pero, además, la cinta también habría sufrido una segunda manipulación. Ésta, según los peritos de la Guardia Civil, se habría producido aumentando la velocidad de la grabación.
Durante su comparecencia, que se prolongó durante poco más de una hora, el magistrado les interrogó de forma exhaustiva por los medios técnicos utilizados para realizar su informe y las conclusiones de su informe. En ese dictamen, que fue entregado en la Audiencia el pasado día once, los peritos sostienen que los cortes no se produjeron después de la grabación, sino justo en el momento mismo en que se realizaba, por lo que la cinta no fue posteriormente editada para eliminar esos pasajes de la grabación efectuada.

Asimismo, se ratificaron en que la cinta era virgen y no había sido utilizada con anterioridad. Esta certeza se deriva de que las paradas y las puestas en marcha dejan siempre una marca, y la cinta sólo tenía las de una grabación.

Según fuentes jurídicas, los dos únicos funcionarios policiales integrantes del equipo de Carlos Germán que tenían acceso a la cámara con la que se grabaron las imágenes responden a las iniciales de E. G. y J. V., una circunstancia que, en todo caso, no prejuzga en modo alguno la actuación de ambos policías.

También se ratificaron ante el juez los agentes de la Comisaría General de Policía Científica que realizaron varios informes sobre cintas grabadas el día anterior y el posterior al supuesto «chivatazo». Los agentes señalaron que los cortes que se observan en las grabaciones, de los que informó en exclusiva LA RAZÓN, podrían deberse a «agentes externos, accidentalmente o por deterioro».

Los dos informes, tanto el de la Guardia Civil como el de la Policía fueron realizados tras la petición realizada por el instructor de la causa, el juez Pablo Ruz, para que analizasen el contenido del que en su día hizo el equipo que dirigía Carlos Germán.

El magistrado quería conocer igualmente si esos cortes eran intencionados o accidentales y si las imágenes borradas como consecuencia de ellos podían recuperarse de la grabación original.

Cortes en momentos clave
La grabación efectuada por la Policía en las inmediaciones del bar Faisán el día del supuesto chivatazo adolece de dos cortes en momentos clave de la investigación. El primero se produce entre las 10:52 y las 10:55 del 4 de mayo de 2006, trece minutos antes de la llegada del dueño del bar Faisán, Joseba Elosúa, a su local. El segundo parón llega a las 11:14, justo nueve minutos antes de que se produzca el soplo que supuestamente puso en alerta a Elosua de la operación policial en marcha. En total, más de tres minutos que finalmente no se registraron y que podrían arrojar luz sobre el chivatazo.

La acusación popular ejercida por Dignidad y Justicia (DyJ) achacó en su día por boca de su presidente, Daniel Portero, los cortes en la grabación a «una manipulación» en toda regla.

Pendientes de Ruz
En la causa están imputados el ex director general de Policía y dirigente del PSE Víctor García Hidalgo, el jefe superior de Policía del País Vasco y un inspector de la Brigada de Álava.

Por otro lado, el juez Ruz todavía no ha resuelto recursos presentados por Dignidad y Justicia y la AVT contra la decisión de no citar a declarar como testigo al secretario de Estado de Interior, Antonio Camacho.