Pueden los menores ir a la huelga

Madrid- El próximo martes más de nueve millones de estudiantes están llamados a secundar o a padecer la huelga en la educación que ha convocado la Plataforma por la Defensa de la Escuela Pública en contra de los recortes del Gobierno, de los cuales al menos siete millones son menores de edad. Ahora bien, ¿un menor debería ir a la huelga?, ¿existe algún tipo de legislación que ampare esta posibilidad? La huelga es un derecho reconocido en la legislación española para todos los trabajadores y, en el caso de menores, existe una legislación contradictoria sobre la legalidad de que un menor pueda tomar partido en situaciones como ésta. Según José Luis Carbonell, ex presidente del Consejo Escolar del Estado y profesor de Escuela de Familias de la Fundación Proforpa, «la Ley Orgánica que regula el derecho de asociación, del año 2002, niega a los menores la posibilidad de asociarse y, en consecuencia, de secundar ningún tipo de protesta, al igual que a los mayores de 14 años que no están emancipados, pero esta norma entra en contradicción con la Ley Orgánica de Educación que permite que los alumnos, a partir de tercero de la ESO (15 años), adopten decisiones colectivas de inasistencia a clase, las cuales no tienen consideración de faltas de conducta ni son objeto de sanción cuando sean comunicadas previamente a la dirección del centro». También las comunidades autónomas han regulado en este sentido, la mayoría en el año 86 y 87, salvo en el caso de Baleares, con una normativa de 2003, con lo que «debería armonizarse la legislación existente porque es muy confusa».

Javier Urra, ex defensor del Menor de la Comunidad de Madrid, cree que «a los 16 años una menor puede abortar sin necesidad de comunicárselo a sus padres, con lo que a los 16 un estudiante también podría ir a la huelga porque, entre otras cosas, a partir de esa edad ya no es obligatorio estudiar y podría ir a trabajar. Otra cosa es el grupo de los 14, 15 o 16, edades en las que apoyen o no una protesta es decisión de los padres». Juan Antonio Lorenzo, profesor de la Universidad Complutense, es de los que creen que «los alumnos que no han llegado a la mayoría de edad no deberían tener la potestad de tomar estas decisiones por que la minoría de edad se tiene con todas las consecuencias. Lo que afecta a los menores está mal regulado, tiene muchas lagunas y habría que retomar este asunto».

Las asociaciones de padres tienen opiniones divergentes sobre esta cuestión. El presidente de Ceapa, Jesús María Sánchez, apoya la protesta del próximo día 22 y cree que «son el padre y la madre los que tienen que decidir si su hijo secunda o no una huelga, más allá de la legislación que haya al respecto. El menor no puede opinar y son los progenitores los responsables del alumno y los que ejercen su derecho. En este caso, hay muchas razones para que los alumnos secunden la protesta».

Otra visión es la que ofrecen los padres católicos. El presidente de Concapa, Luis Carbonel, opina que «los menores no deben apoyar la protesta», independientemente de los postulados que se defiendan. «Con 14 años no creo que un niño tenga que ir a protestar, creemos que hay otras fórmulas por las que un colectivo puede expresar su descontento que no sea la pérdida de horas de clase. Los padres deben estar en contra de que se utilice a sus hijos para defender causas de movimientos, profesores o sindicatos. A partir de los 16 años, en que la educación no es obligatoria, también estamos en contra de que los alumnos participen porque entendemos que hay otras vías para expresar el desacuerdo que pueda haber con las medidas que se puedan estar adoptando sin que los alumnos salgan perjudicados». La presidenta de la asociación de padres Cofapa, Begoña Ladrón de Guevara, se expresó en términos parecidos.
«Creemos que los menores deben verse excluidos de esta situación de crispación. Hay que intentar dejar al margen a los niños y adolescentes de los problemas de los mayores. No se debe trasladar al aula cuestiones que no está en manos de los alumnos resolver». Ladrón de Guevara expresó su preocupación por que «se utilice a los menores como moneda de cambio, como instrumento de ataque y la legislación tiene que clarificar estas cuestiones porque, al final, lo que se está haciendo es utilizar a los niños en un momento inoportuno, de exámenes, en el que los alumnos a lo que se deberían dedicar es a rematar el curso bien».