Chávez podría destruir en dos meses informes de los vínculos ETA-FARC

MADRID- La Audiencia Nacional intentará dar una vuelta de tuerca más a su investigación sobre la relación entre ETA y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), enquistada desde hace dos años y medio por la renuencia del Gobierno de Hugo Chávez a colaborar con la Justicia española.

Un militar, el venezolano Milton Revilla, puede resultar clave para avanzar en la instrucción del caso, con la que el juez Eloy Velasco intenta esclarecer si miembros de las FARC instruyeron en el manejo de armas y explosivos a etarras en territorio venezolano colindante con la frontera con Colombia. Allí estuvo destinado Revilla durante tres años, de 2000 a 2003, cuando habría sido testigo in situ de la colaboración entre ambas organizaciones terroristas. Así se lo relató el pasado sábado el propio militar –en una cárcel próxima a Caracas donde se encuentra preso– a Consuelo Ordóñez, portavoz de Covite, la asociación de víctimas del terrorismo del País Vasco.

Viaje relámpago de Ordóñez
La hermana de Gregorio Ordóñez, asesinado por ETA en enero de 1995, se trasladó a Venezuela (un viaje que puso en conocimiento de la Audiencia Nacional) para recabar de primera mano todos los datos sobre esas conexiones terroristas que Revilla plasmó en varios informes. «La urgencia del viaje –explica Ordóñez– se debió a que él nos alertó de que esos documentos podrían ser destruidos en dos meses, pues el próximo diciembre se cumple el plazo de diez años que la legislación venezolana obliga a preservarlos».

En esta causa están procesados una docena de etarras, entre ellos Arturo Cubillas –que trabaja desde 2007 en el Instituto Nacional de Tierras venezolano (INTI)– y cinco miembros de las FARC. Según el juez Velasco, Cubillas estaba en «contacto permanente» con dirigentes de ETA y sus «comandos» con los que habría «coordinado y ejecutado tareas directivas de formación e instrucción, mejora de armamento y técnicas terroristas». Para el magistrado, Cubillas –cuya entrega la Audiencia Nacional reclamó a Venezuela sin éxito en octubre de 2010– es, «desde tierra venezolana», un dirigente de la banda terrorista « en el continente americano».

Ordóñez ya ha trasladado a la Audiencia Nacional el resultado de sus pesquisas. Según confirmaron fuentes jurídicas, el tribunal ya citó a Revilla a declarar «por lo que ahora se trataría de ampliar el objeto de la comisión rogatoria cursada hace un año», algo que se hará en las próximas fechas.

En su viaje relámpago a Caracas, Ordóñez se entrevistó con Revilla durante más de cinco horas. Éste le pormenorizó, explica la portavoz de Covite, cómo fue «testigo de la presencia de guerrilleros de las FARC y etarras que compartían campos de adiestramiento y del trasiego de miembros de ETA en la frontera venezolana».

Covite ha emprendido desde hace meses una cruzada para esclarecer más de 300 asesinatos terroristas sin resolver y Venezuela es una parada obligada. «El medio centenar de etarras que se encuentran en el país –recuerda la portavoz de la asociación de víctimas– están vinculados con 40 de esos atentados sin condena».

«Voluntad política»
Ordóñez explica que Milton Revilla fue destinado en el año 2000 a la zona fronteriza con Colombia, donde supuestamente se encontraban los campos de adiestramiento de las FARC que frecuentaron varios etarras. Cuando se percató de la presencia de miembros de ETA y de la formación en armamento y explosivos que recibían por parte de las FARC, «Cubillas empezó a conspirar contra él hasta lograr que se le trasladase a otro destino», lo que se produjo en 2003.

Posteriormente, continúa Ordóñez, «la Justicia venezolana le procesó para quitárselo de en medio, aunque le dejó en libertad con medidas cautelares». «Cuando recibió la citación de la Audiencia Nacional, intentó ir a declarar a España, pero las autoridades no se lo permitieron y fue encarcelado en diciembre de 2011».

«Me consta que la Audiencia Nacional va a solicitar a Venezuela los informes –asegura la portavoz de Covite– y reclamo del Gobierno español la voluntad política necesaria para instar a Chávez a que coopere judicialmente con España».