El PP recurre ante el TC la Ley del Cine y el Código de Consumo

Ambas normas fueron aprobadas por el Parlamento de Cataluña a finales del mes de junio, poco después de que el Tribunal Constitucional (TC) dictara sentencia sobre el Estatut. Y ambas se aprobaron con los votos del tripartito y CiU entre las críticas del PP y de Ciutadans porque suponían un desafío lingüístico respecto a la doctrina del TC.

«Ésta es una decisión meditada y la única posible ante la posición radical del tripartito a la hora de redactar diversas leyes derivadas del Estatut al margen de la Constitución», explicó Sánchez-Camacho. La dirigente popular recordó que su grupo ya pidió al tripartito que no impulsara estas leyes porque «no garantizan la igualdad de las dos lenguas oficiales en Cataluña».

La ley catalana del Cine establece que el 50 por ciento de las películas extranjeras que se exhiban en la comunidad deben estar dobladas o subtituladas en catalán, mientras que el Código de Consumo fija multas lingüísticas de hasta 10.000 euros a los establecimientos que sólo dispongan de sus rótulos, letreros, tickets de caja... en castellano porque tienen que estar «al menos» en catalán. En casos de reincidencia o simplemente por no pagar la sanción, la cantidad puede ascender hasta un millón de euros.

«Cataluña ha sido siempre tierra de libertad y no puede convertirse en la comunidad de la prohibición, de la sanción por cuestiones lingüísticas y de la imposición», dijo Sánchez-Camacho.


Multa de 1.300 euros a una mercería por rotular «No se cambian hilos»
- La Defensora del Pueblo, María Luisa Cava de Llana, alertó ayer, en una entrevista en Onda Cero, de que «una comunidad que tiene dos lenguas no tiene por qué prohibir una de ellas en beneficio de la otra». Cava de Llano explicó el caso de «una señora que tiene una mercería en un barrio obrero de Barcelona, en la que tenía puesto un letrerito que ponía "no se cambian hilos"... Me enseñó todo el expediente sancionador de 1.300 euros por tener este letrerito. Es absurdo que se diga que no se plantean estos problemas, porque se plantean. Ésta es la realidad. Es una perversión del sistema de cooficialidad de las lenguas que no es admisible».
- Pero hay que recordar que esto no es nuevo y que ya ha habido más afectados por las multas lingüísticas en Cataluña. Todas ellas, derivadas por no rotular sus comercios en catalán. Uno de los casos más conocidos fue el de Modesta, propietaria de un restaurante en Sants, que fue sancionada con 3.200 euros. O el de Xurde Rocamundi, empresario del sector inmobiliario en Arenys de Mar, con otros 1.200 euros. Y la misma lucha es la que mantienen muchos padres que quieren escolarizar a sus hijos en castellano.