La nueva ley urbanística da más control al Consell sobre los PGOU

Valencia-El borrador del texto refundido de la legislación urbanística y ambiental estará listo para finales de este mes. A pesar de que este documento parte de leyes que ya se utilizan, dará un giro copernicano al urbanismo. A falta de conocer la ingente cantidad de novedades que aportará el texto, la filosofía sobre la que versa el mismo permite afirmar que la Generalitat mejorará el control que tiene en la actualidad en la elaboración de los planes generales de ordenación urbana (PGOU).

Cuando un Ayuntamiento quiera revisar su planeamiento remitirá a la Conselleria de Infraestructuras, Urbanismo y Medio Ambiente un documento esquemático con sus pretensiones. La Generalitat le responderá con un documento base, podría decirse que será un primer plan, en el que se le indicarán las condiciones ambientales y funcionales sobre las que debe crecer.

Es decir, los Ayuntamientos conocerán dónde pueden desarrollarse, cuánto y cómo. Las respuestas a estas preguntas están recogidas en la Estrategia Territorial de la Comunitat Valenciana (ETCV).

El «dónde» está limitado por la Infraestructura Verde, el «cuánto» por los indicadores de crecimiento que marca una fórmula matemática. Ésta calcula cuánto suelo puede consumir un municipio en función de sus expectativas de crecimiento y económicas, entre otros factores. El «cómo» queda regulado por los principios de la ETCV, que promulga el uso racional y eficiente del suelo y que da prioridad a los crecimientos continuos y compactos, en lugar de los dispersos.

Sobre esta base, el Ayuntamiento redactará y aprobará su plan general que únicamente pasará un trámite de verificación. De esta manera, la tramitación del plan queda claramente diferenciada en dos fases. La principal ventaja de este procedimiento es que los Ayuntamientos no comenzarán a trabajar sobre un plan de «máximos», con la esperanza de ejercer presión sobre la Generalitat para que ésta le recorte lo mínimo posible. Con esta ley, comenzarán a trabajar sobre expectativas reales. De esta manera, se acortarán plazos de aprobación porque el plan general no irá pasando de una Administración a otra. En la práctica reducirá los enfrentamientos entre Generalitat y Ayuntamiento.

La reforma permitirá que el régimen jurídico urbanístico sea más eficaz e implica que el planeamiento incorpore desde el principio criterios ambientales, así como a agentes interesados.