Jueces fiscales y magistrados se plantean ir a la huelga en octubre

SEVILLa- Los jueces, fiscales y magistrados de Sevilla no descartan ir a la huelga el próximo mes de octubre como medida de protesta contra la situación en la que se encuentra la Justicia. Esta iniciativa, que también ha sido secundada a nivel nacional, fue adelantada ayer por ambos colectivos, que suscribieron un manifiesto en el que critican, entre otras cosas, la «ausencia de voluntad política por modernizar la Justicia» en España.

Así, tanto la Junta General de jueces como los magistrados de la Audiencia Provincial y los fiscales acordaron por unanimidad adherirse a las protestas promovidas por los jueces decanos de toda España y las asociaciones de jueces y fiscales a través de la Comisión Interasociativa, que mostraron su rechazo a los recortes y las medidas impulsadas por el Gobierno de Mariano Rajoy. En el caso de los jueces destinados en los órganos unipersonales sevillanos, el juez decano, Francisco Guerrero, criticó el «vaciamiento» de la independencia y del poder judicial; la ausencia de inversión y el «recorte» en medios materiales y personales, que deriva en un «generalizado» e «inaceptable» retraso actual.

Tras la Junta General, a la que acudieron más de 70 jueces, Guerrero se refirió a la «descoordinada, caótica, y desordenada» gestión de la Administración de Justicia «compartida» por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), el Ministerio de Justicia y las comunidades autónomas, y mostró la oposición de la Junta General de jueces a la reforma del CGPJ, que «pretende dejar este órgano reducido a su mínima expresión» y «atrofia» su capacidad constitucional de actuación.

Por todos estos motivos, el juez decano convocará de manera «inmediata» juntas sectoriales y una junta provincial a fin de debatir las medidas a adoptar, entre las que se encuentran «el cumplimiento estricto de las horas de audiencia fijadas por la Ley», la posibilidad de llevar a cabo paros parciales e incluso una huelga.

Una de las reivindicaciones que realizó Guerrero fue la de establecer una cuota máxima de asuntos que debe resolver un juez al año. Así, expresó que el CGPJ debe señalar cuáles son los módulos (número de juicios) para poder iniciar la ya mencionada autorregulación y ampliar el tiempo de los señalamientos de los procesos. En el caso de que no se llegue a una normalización, adelantó que «los asuntos se irán amontonando y terminarán con el colapso del órgano, con señalamientos a bastantes años vista».

Por otro lado, ilustró con la negativa de la Junta de Andalucía a construir la Ciudad de la Justicia de Sevilla cómo las administraciones no «tienen interés» por solucionar el conflicto.