La fórmula Salgado no convence

Según fuentes autonómicas, su fórmula generará un cierto malestar en el CPFF, en el que se estrenarán los nuevos consejeros de Economía del PP. Precisamente, los gobiernos acuden a este Consejo con el ánimo de conseguir del Estado una tregua para sus precarias arcas autonómicas. Incluso los gobernados por el PP y por CiU reclamarán al Ejecutivo central los anticipos por los fondos de competitividad establecidos en el nuevo modelo de financiación autonómica.

Pese a ello, Salgado cree que saldrá triunfante del encuentro y que las comunidades aceptarán su nueva regla de gasto. Esta regla la aprobó el Consejo de Ministros a finales de junio pasado. El Real Decreto que la regula modifica la Ley de Estabilidad Presupuestaria y fija un tope máximo al incremento anual del gasto del Estado y las entidades locales ligado a la evolución del PIB nacional en los cinco años anteriores, más el año en curso y las previsiones de evolución para los tres años siguientes. A esa media, se le aplicará la evolución de la inflación.

Esta regla se aplicará al conjunto de la Administración del Estado, los 90 ayuntamientos más importantes, las 38 diputaciones provinciales y los cabildos insulares. Ahora el Gobierno pretende trasladarla también a las autonomías.
Sin embargo, el Partido Popular se niega a fijar una regla de techo de gasto que tenga en cuenta un periodo tan amplio de tiempo.

Sin embargo, el Ejcutivo central considera que se trata de una norma «bastante sensata» que hará que se gaste lo que parece que se puede gastar, de forma que si se acaba creciendo más de lo previsto permita cierto ahorro o superávit en sus cuentas públicas, mientras que si el resultado es negativo se puede compensar el déficit con lo ahorrado en otros ejercicios.

Según el número tres del Ejecutivo Manuel Chaves, el Gobierno no puede imponer «unilateralmente» esa regla de gasto. Por eso, si las autonomías la aceptan deberán establecerla a través de su propia legislación en los parlamentos autonómicos.

El vicepresidente segundo consideró ayer que sería una «irresponsabilidad» por parte de las autonomías del PP «tratar ahora de romper los objetivos de consolidación fiscal porque colocarían al país en una situación muy difícil». A su juicio, «no se puede decir que las comunidades sean un problema a la hora de garantizar o conseguir objetivos de consolidación fiscal».