Dónde está el dinero por José Clemente

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Los ciudadanos de Murcia que viven en alguna de las 53 pedanías del municipio son personas con los mismos derechos y obligaciones que las que tienen su domicilio en la Gran Vía Escultor Salzillo, contribuyen de igual manera con sus impuestos al desarrollo y crecimiento de la ciudad y colaboran con agrado en todo aquello que su Ayuntamiento les demanda. Pero en ocasiones, estos ciudadanos ejemplares y de primera no cuentan con la calidad de los servicios que exige su lealtad a las instituciones que les gobiernan, y, es justamente ahí, donde se produce la injusticia social, el agravio comparativo y el enfado general cuando las cosas se perpetúan en el tiempo sin que nadie arbitre una solución al o los problemas que surgen en cada momento. No hace falta ser muy listo para entender que me refiero al conflicto de Latbus, empresa responsable del transporte urbano hasta hace bien poco, cuya concesión que se dio por extinguida ante su ruinosa gestión, y ahora sólo dedicada al transporte en pedanías.

Los poderes públicos (Ayuntamiento y Comunidad) no deben consentir bajo ningún concepto que la mala gestión de una empresa, que además actúa en régimen de monopolio, ponga sobre la mesa de la negociación sus condiciones para resolver o no un conflicto que sólo está en sus manos. Lo lógico, normal y civilizado es que se apuren todas las posibilidades en la mesa negociadora, a la que se debe acudir sin la amenaza o el chantaje de un nuevo «tarifazo», porque así no se negocia. No se debe hablar con nadie que ponga durante las conversaciones una pistola sobre la mesa, porque eso lo hacen los terroristas y los mafiosos. No es el caso de Latbus, pero el estilo se asemeja. Se va a las mesas de negociación sin infundir miedo al interlocutor, y allí se suda la camiseta todo lo que haga falta, pero sin recurrir a mecanismos externos para llevar media negociación decantada. Y, menos aún, cuando ese mecanismo externo son los usuarios del transporte en pedanías, porque nadie les autoriza a usarles como medida de presión o moneda de cambio. La administración hace mal al sentarse con gente que todo lo que ha demostrado es llevar a Latbus a la más absoluta ruina, cuando gozaban de un régimen de exclusividad que para sí quisieran muchas empresas en las mismas condiciones en esta región. Y no sólo tenían la exclusividad, sino que además carecían de competencia profesional alguna, lo que hace más incomprensible todavía la gestión que en ella han realizado. Y menos aún, se va a las mesas de negociación con medias verdades, pues la transparencia y el rigor deben presidir esos actos públicos, cosa que nos consta por parte del Ayuntamiento y la Comunidad.

Sabemos que la plantilla de Latbus es ejemplar, pero la dirección de la empresa que dirigen Francisco Tomás Muñoz, Fulgencio Jiménez y Andrés Brugarolas es, cuando menos, de simples aficionados, pues no se entiende y eso deberán explicarlo alguna vez, como es que una de las empresas más solventes de la ciudad acaba en un procedimiento concursal. ¿Dónde está el dinero? Esperemos que dicho procedimiento sirva para poner luz y taquígrafos en la gestión de Latbus, una empresa que disponía hasta de su propio taller donde reparaban los autobuses cuyas facturas cargaban después al Ayuntamiento, sin que nadie comprobara la veracidad de la avería. Una empresa que apenas ha invertido en nuevos vehículos, que los neumáticos nuevos eran empleados en otros menesteres, mientras los usados por los autobuses que circulaban por la ciudad estaban absolutamente desgastados. Una empresa, en definitiva, que nunca ha permitido conocer el entresijo de sus cuentas. En cualquier país civilizado habría sido intervenida mucho antes, pero el no querer causar molestias a los ciudadanos ha llevado a lo peor: un trágala permanente por parte municipal que ya veremos si no le ocurre después a la Comunidad. Una empresa escasamente ejemplar no debe imponerse a las administraciones y hacer de ello un hábito, sino todo lo contrario. Por eso de mañana no debe pasar que si Latbus rechazara el pago íntegro del billete para pensionistas y familias numerosas, ya que la empresa pide mucho dinero más, habría que buscar mecanismos «extra administrativos» para evitar que sean los ciudadanos las víctimas de ese abuso. Una huelga es un derecho, como también lo es defenderse de quien lo pisotea.