Multas de 300 € para los manifestantes del 25-S

Así, ha recordado que otras 300 personas fueron denunciadas por falta grave durante protesta por no comunicarla a la Delegación del Gobierno. Recibirán una multa de 300 euros. Sin embargo, Cifuentes ha señalado que el joven de poco más de 20 años que intentó saltar las vallas "con un palo de bandera blandiéndola contra los agentes"recibirá una sanción superior.


La delegada ha explicado que cada propuesta de sanción es individualizada y diferente y se nombra un instructor para cada una. "Así que no se puede hablar de sanciones en general.

Además, todas las identificaciones van a recibir una propuesta de expediente. Las multas responden a faltas graves y, por tanto, van desde los 300 hasta los 30.000, dependiendo del comportamiento. Lo normal en manifestaciones no comunicadas esque se imponga la multa mínima", ha precisado.

Cristina Cifuentes ha señalado que las multas del sábado aún no se han iniciado porque "llevan un trámite para garantizar la legalidad". "Lo que se va a hacer es aplicar la Ley", ha dicho. No obstante, ha aclarado que estas medidas no son "recaudatorias".

"No es un dinero que llega a la Delegación. Depende del Ministerio de Hacienda. No me corresponde a mí la recaudación ni saber de qué manera acaban los expedientes. Sólo me corresponde aplicar la Ley", ha respondido la delegada a preguntas de los periodistas.

En cambio, ha señalado que los 45 expedientes abiertos por el mismo motivo a manifestantes del pasado martes frente al Congreso ya han empezado a tramitarse, aunque las sanciones no se les ha notificado todavía. "Los expedientes los abrimos en base a los informes policiales. No todos los expedientes y conductas son iguales", ha añadido.

La delegada del Gobierno en Madrid ha explicado que la protesta del sábado en la Plaza de Neptuno fue "pacífica, afortunadamente"y no se produjo ningún tipo de detención pero ha recalcado que fue concentración no comunicada oficialmente.

"Hay personas que creen que con el hecho de publicitar una manifestación a través de los medios es suficiente pero la Ley Orgánica que regula el derecho de reunión es muy explícita y señala que para poder celebrar una concentración y manifestación en un espacio público por escrito, hay que avisarlo en un plazo de diez días, pero debe hacerse identificando al organizador o promotores, indicando el horario, los recorridos, itinerarios y responsabilizándose de establecer medidas de seguridad para evitar incidentes", ha recordado.

De hecho, ha apuntado que en el caso de que no se den estas circunstancias, como ocurrió el sábado, la obligación de la Delegación "es aplicar la Ley, que es identificar a sus organizadores y dar una propuesta para su sanción".

"En base al informe policial que hemos recibido, lo que hace la Delegación es interponer unos expedientes administrativos, que son muy garantistas porque a la persona sancionada se le permite alegar doble periodo de alegaciones y las puede recurrir. Tienen todas las garantías del Estado de Derecho, pero lo que no se puede pretender es realizar una manifestación que es ilegal y que esto no tenga consecuencias. Lo del sábado no fue excepcional, sino habitual cuando no hay concentraciones no autorizadas", ha concluido Cifuentes.