La unidad de mercado

Son numerosas las ventajas, desde el punto de vista económico, de la descentralización territorial del poder público. El federalismo fiscal, es decir, el reparto de las competencias y de las responsabilidades económicas entre las diferentes escalas territoriales de Gobierno, y los principios económicos por los que debe regirse dicho reparto para que sea eficiente, es un campo de estudio y debatido por la ciencia económica. No obstante, existe un límite a la descentralización que es la preservación de la unidad de mercado. Ésta es una materia que lleva muchos años tratándose y aborda el posible conflicto que suscitan las relaciones entre el Estado y las CCAA en el campo de la economía. El establecimiento de normas heterogéneas para producir bienes y servicios similares, genera deseconomías de escala que inciden negativamente en la competitividad de nuestra estructura productiva, así como costes de transacción. Se puede afirmar que este camino transita en dirección contraria a la que inició España, tanto con su incorporación a Europa como por su apertura al exterior.La unidad de mercado supone un amplio mercado integrado, lo que permite el mayor aprovechamiento de las economías de escala, la división del trabajo y la intensidad de la competencia, lo que conduce a menores costes de producción, a mejorar la productividad y a mayores niveles de empleo y de bienestar.Hace medio siglo se creó en Europa un mercado único en el que se suprimieron las barreras que limitaban la libre circulación de personas, mercancías y de capitales, además de armonizar las regulaciones que producían el efecto de fragmentar el mercado, todo ello con el objetivo de crear un mercado único, mucho más amplio que los mercados nacionales originarios, de forma que se pudieran materializar las ventajas derivadas de un mejor aprovechamiento de las economías de escala, de la división del trabajo y de una competencia incrementada. Por ello, todos los Estados con una estructura política descentralizada se dotan de mecanismos jurídico-constitucionales para garantizar que el uso de las competencias atribuidas a las escalas regionales o locales de gobierno no traspasen los límites de la unidad de mercado. Así que la unidad de mercado es un factor clave de competitividad, sobre todo para una economía como la española, con graves carencias competitivas. La asunción de cada vez más competencias por parte de los gobiernos autonómicos, y el uso de las mismas por parte de estos gobiernos, puede hacer peligrar la unidad de mercado, situación que no puede permitirse nuestra economía en un entorno mundial globalizado y fuertemente competitivo.En España contamos con muchas medidas adoptadas por las CCAA con efectos potencialmente desintegradores sobre la unidad de mercado. Entre ellas se encuentra la obligación de que los trabajadores conozcan la lengua regional, lo que limita la libre circulación de personas en un mismo territorio; diferentes normas de seguridad, medioambientales o de composición de productos, que encarecen los costes de los fabricantes al tener que instalar distintas líneas de producción; diferentes interpretaciones de las normas por parte de las instancias judiciales de cada territorio; distintas regulaciones de los colegios profesionales y del régimen de los profesionales liberales, entre otras muchas trabas. De esta forma, el impacto desintegrador de la normativa autonómica incide directamente en estos ámbitos concretos.El origen del problema se encuentra, en gran medida, en el obsesivo afán regulatorio de las autoridades autonómicas. La intromisión normativa de los gobiernos autonómicos tiene un alcance que supera con creces cualquier límite razonable. Muchas actividades económicas se regulan hasta el más mínimo detalle, siendo ésta la causa fundamental de la introducción, absolutamente innecesaria y arbitraria, de requisitos y barreras inútiles cuyo único resultado es obstaculizar la actividad económica y fragmentar el mercado nacional, sin aportar realmente nada beneficioso a la sociedad.De este modo, se puede considerar que una normativa autonómica rompe la unidad de mercado cuando impide la libre circulación de mercancías y de factores productivos, y cuando crea distorsiones a la competencia. Hemos de destacar este problema al que los poderes públicos no prestan la atención que merece y establecer una serie de puntos de referencia que ayuden a centrar el debate. Es necesario alcanzar el punto de equilibrio que garantice la consecución de las ventajas de la descentralización territorial sin renunciar a la unidad de mercado. Para ello, puede ser necesario instrumentar algún mecanismo institucional que encauce el proceso, como, por ejemplo, la aplicación del principio de reconocimiento mutuo de normativas comunitarias, semejante al principio que se aplica en el seno de la UE con respecto a las normativas nacionales, así como la creación de un organismo, similar al Servicio de Defensa de la Competencia, cuya función sea vigilar la compatibilidad de las legislaciones regionales con la unidad de mercado. Si bien, lo más rápido y eficiente sería el reconocimiento unilateral, por parte de algunas comunidades autónomas, de todas las normas reguladoras.

Juan IRANZO es director generaldel Instituto de Estudios Económicos