El TSJM condena a Fraile por ocultar la deuda de Góméz en Parla

Por estos dos motivos, el Tribunal Superior de Justicia ha anulado las primeras cuentas municipales que realizó el sucesor de Gómez, José María Fraile, tras la salida de éste a la Secretaría General del PSM, en octubre de 2008. El auto, con fecha de 17 de febrero, al que tuvo acceso ayer este periódico, señala que el Gobierno local de Parla vulneró la Ley de Haciendas Locales y negó a los concejales de la oposición el Derecho Constitucional de información en la aprobación de los presupuestos de 2009, en abril de dicho año.

En concreto, el fallo subraya que las cuentas municipales se aprobaron aquel año sin liquidar el ejercicio del presupuesto de 2007, ni el avance del ejercicio de 2008, precisamente los dos últimos años gestionados por Gómez.

Pero además de ocultar el resultado negativo de las cuentas del líder del PSM, el Gobierno de su sucesor en la Alcaldía tampoco tuvo en cuenta a la hora de hacer los presupuestos de 2009 el remanente negativo que ya registraban las cuentas de 2005 y 2006 (-41 millones de euros). De esta manera, los socialistas de Parla se saltaron la Ley de Haciendas Locales que obliga a tener en cuenta el resultado de los años anteriores para hacer los presupuestos de cada año.

Con respecto a los presupuestos de 2009, la sentencia por tanto subraya que deberían haberse aprobado unas cuentas con un superávit («de igual cuantía y no inferior al repetido déficit») con el fin de paliar el remanente negativo heredado y «conseguir el equilibrio financiero». Sin embargo, en Parla se debió de pensar más en ocultar la deuda que en solventarla, ya que los datos se escondieron también a la oposición, tal y como subraya la sentencia. Éste fue precisamente el motivo por el cual el PP no se pronunció sobre los presupuestos de aquel año e interpuso la denuncia en 2010.

Ocultismo
En este sentido, el fallo del TSJM advierte de que hubo «una falta de documentación que limita el derecho fundamental del actor y de los miembros de la corporación, de participar en los asuntos públicos y de acceder en condiciones de igualdad al cargo público, al impedir, por ejemplo, comprobar la evolución de los presupuestos en los años anteriores y poder participar en la aprobación o no de los mismos». Asimismo, añade que conocer dichos datos por parte de los concejales es un derecho «para poder ejercer un real y efectivo control de las actuaciones municipales».

Cuando los populares interpusieron la denuncia, pidieron a la Justicia que investigara si se había vulnerado también la ley al incluir un «Fondo de Absentismo» con el que Gómez pagaba algunos privilegios a los funcionarios, declarados nulos por la Delegación de Gobierno. En este caso el tribunal no se pronuncia por falta de pruebas. El PP interpuso este miércoles una nueva denuncia con pruebas con las que podría demostrarse que los pagos ilegales a funcionarios se incluyeron en los presupuestos. La sentencia ordena que se vuelvan a aprobar las cuentas de 2009, aunque el PSOE anunció ayer que la recurrirá.