La Junta sin copia de las pólizas de los 6096 prejubilados que financia

SEVILLA- «No ha habido falta de control, sino que alguien se ha saltado los controles». Es una de las máximas esgrimidas por el Gobierno andaluz para justificar que al menos 39 personas aparezcan de manera irregular en ERE financiados por la Consejería de Empleo. Sin embargo, la realidad dicta que sí ha habido laxitud porque la propia Administración autonómica admitió ayer que no dispone de las pólizas de seguros que sigue abonando a las personas afectadas por estos procesos de reestructuración de personal. «No tenemos la base de datos de las aseguradoras», señaló la consejera de Presidencia y portavoz, Mar Moreno.

Ésa es la circunstancia que, según Moreno, está dilatando la investigación interna para saber cuántos intrusos se han colado en los 45 expedientes «vivos» –de los que aún se siguen pagando cantidades–. «Tenemos que ir cruzando una a una las personas que aparecen en un ERE con las que perciben una póliza», dijo. El trabajo comenzó el 17 de noviembre circunscrito a Mercasevilla y dos meses más tarde se amplió a otras sociedades, sin que hasta la fecha haya concluido.

El primer listado lo custodia la Inspección de Trabajo, que es la que tiene acceso al Régimen General de la Seguridad Social para comprobar la vida laboral de los trabajadores. En esta fase es muy difícil que se produzca alguna irregularidad.

El segundo, las personas beneficiarias a las que paga la Junta, lo tienen las compañías de seguros. Ahí es donde se produce la estafa ya que figuran como perceptores personas que no están en el primer filtro. La Junta, pese a ser la que abona el importe que reciben mensualmente, no ha tenido controles exhaustivos.

Según los datos ofrecidos el pasado 8 de febrero, actualmente hay 6.096 trabajadores a los que una compañía de seguros les ingresa un dinero que previamente le ha entregado la Consejería de Empleo. Son personas afectadas por los últimos 45 ERE en los que ha colaborado la Junta a través de las ayudas sociolaborales a empresas en crisis –«el fondo de reptiles», como lo definió Francisco Javier Guerrero, aunque luego se retractó y lo llamó «fondo para apuros»–. Aún quedan por revisar 15 de ellos.

«Proceso de difamación»
Pese a las incógnitas que existen sobre la gestión de los 647 millones de euros para empresas en crisis entre 2001 y 2009, la Junta reiteró ayer su negativa a que se constituya una comisión de investigación en el Parlamento. Moreno comentó que se trata de una «figura francamente en desuso» y que aunque «habrá casos justificados» no es procedente en uno que se encuentra «sub iudice», por lo que pidió «reflexión en muchos parlamentos autonómicos».

Tal y como aseguró el pasado jueves el presidente José Antonio Griñán en la Cámara, la portavoz del Ejecutivo acusó al PP «de no decir la verdad» y de estar en un «proceso de difamación». También apuntó que los populares le están dando a un asunto que tiene «gravedad» una dimensión «que no se corresponde».