CCOO inquieta al profesorado con despidos que Educación niega

MURCIA- Comisiones Obreras denunció ayer que la Ley de Medidas Extraordinarias para la Sostenibilidad de las Finanzas Públicas, denominada como la ley del «tijeretazo», no caducará el próximo 31 de enero, tal y como anunció el Gobierno regional, sino que continuará, según la organización sindical, su aplicación en 2012 con un agravamiento por los recortes del Presupuesto autonómico y nacional, hasta el punto que podría suponer «la pérdida entre 1.000 y 1.500 trabajos» sólo en el sector educativo. Así lo comunicó el secretario general de la Federación de Enseñanza de CCOO en la Región de Murcia, Pedro Manuel Vicente, acompañado por el secretario de Política Educativa de esta federación, Diego Fernández, y la secretaria de Organización, Sandra Fueyo, quienes presentaron el balance del año 2011 haciendo un análisis de cómo ha repercutido esta legislación en el ámbito educativo de la Comunidad.

No obstante, el director de Recursos Humanos y Calidad Educativa del Gobierno regional, Joaquín Buendía, censuró ayer que las declaraciones de Comisiones Obreras «vuelvan a crear falsas alarmas y a generar inquietud entre el colectivo docente de la Región de Murcia». En este sentido, el director se preguntó si los cálculos que hace ahora la organización sindical para prever un recorte de 800 puestos de trabajo están hechos utilizando la «misma metodología» que cuando anunciaron el despido de 1.500 interinos para este curso escolar. «Un despido que está claro que no se ha producido puesto que en el curso 2011-2012 se han incorporado 423 interinos a la plantilla docente».

Buendía explicó que «el descenso en el capítulo de personal previsto para el próximo año responde fundamentalmente a la desaparición de la gratificación por la prejubilación LOE, que terminaba este año su vigencia, y a la reducción al cincuenta por ciento de la ayuda social, que se aplica a todos los funcionarios de la Región».

Asimismo, el director desmintió que se hayan masificado los grupos en Primaria y Secundaria porque la Consejería está aplicando «escrupulosamente» la normativa vigente, de forma que se «realizan todos los desdobles que la legislación establece y, además, se están poniendo los profesores de apoyo que son necesarios».

Ley de Autoridad del Docente
Por otro lado, la Mesa Sectorial de Educación aprobó la orden de Comisiones de Servicio para el profesorado, que contó con el apoyo de Sterm-Intersindical, aunque se abstuvo en la votación de la Ley de Autoridad por considerar que «no sólo no aporta nada nuevo a la legislación existente, sino que además carece del consenso necesario para su aprobación». ANPE Murcia, por su parte, expresó su satisfacción por la aprobación del anteproyecto de Ley de Autoridad del Docente, ya que según entiende, «con estos trámites legislativos se abre una necesaria reflexión sobre la autoridad y disciplina en los centros largamente reclamada por el profesorado, sobre todo el de la enseñanza Secundaria desprovisto de medios y de autoridad para mantener el adecuado clima de trabajo en sus clases, con alumnos en edad de escolarización obligatoria pero con desiguales posibilidades, expectativas y motivación». Mientras que la Federación de Trabajadores de la Enseñanza de UGT expresó su apoyo al anteproyecto de Ley de Autoridad Docente, presentado ayer por la Consejería de Educación, aunque exigió «otras medidas complementarias». En su opinión, «es necesario apoyar a todo el profesorado reconociendo expresamente su autoridad social, académica y su carácter de autoridad pública en el ejercicio de sus funciones».

CCOO vuelve a crear falsas alarmas
El director general de Recursos Humanos y Calidad Educativa, Joaquín Buendía, aseguró que «no hay mas recortes en las sombra que los que CCOO quiera inventar», al tiempo que pidió a la formación «un poco de responsabilidad en el ejercicio de sus funciones sindicales, puesto que con afirmaciones gratuitas como la de hoy inquietan a un colectivo importante de trabajadores de esta Región, que no se merecen temores infundados».

CLEMENTE HERNÁNDEZ
(ANPE)
El presidente de ANPE Murcia expresó ayer su satisfacción por la aprobación del anteproyecto de la Ley de Autoridad Pública del Docente, al entender que con ésta se ampara y ayuda al profesorado regional tras diversas reclamaciones.
Óscar Urralburu
(Sterm)
El sindicato Sterm-Intersindical se abstuvo en la votación de la Ley de Autoridad del Docente por considerar que «no sólo no aporta nada nuevo a la legislación existente, sino que además carece del consenso necesario para su aprobación»
Antonio Jiménez
(UGT)
La Federación de Trabajadores de la Enseñanza de UGT apoya el anteproyecto de ley porque considera que es necesario apoyar a todo el profesorado reconociendo su autoridad social, académica y su carácter de autoridad pública.
Pedro M. Vicente
(CCOO)
La organización sindical valoró el anuncio de la ley de forma negativa ya que, en su opinión, el anteproyecto aprobado ayer es un intento por parte del Gobierno regional de tapar las deficiencias del sistema educativo murciano.