Vía libre a la prohibición de los anuncios de sexo en la prensa

Sin embargo, en las conclusiones da un paso más allá y plantea que, si la el objetivo es acabar con esta publicidad, se debería establecer un régimen de sanciones severas, en principio administrativas, pero sin «excluir la posibilidad de que fueran de tipo penal». La norma podría «redefinir un tipo específico de publicidad ilícita y responsabilizar no sólo a los anunciantes, sino también a los medios que den soporte a este tipo de publicidad».

Según el órgano consultivo, los anuncios de sexo vulneran la ley Orgánica 3/2007 para la Igualdad efectiva de hombres y mujeres, la Ley Orgánica 1/2004 de medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género y el artículo 20.4 de la Constitución –porque es contraria a los derechos de la infancia y la juventud–. Además, estima que puede calificarse de publicidad ilícita a tenor de la citada Ley General de Publicidad.

En su opinión, es el Gobierno quien deberá determinar el alcance de la prohibición que puede comprender a toda la prensa escrita o sólo a una parte, la de información general. El texto reconoce que la existencia de la prostitución es «innegable» y que su relevancia económica se trasluce también en los medios que «se benefician del negocio».

El órgano indica que por la simple finalidad del anuncio, las mujeres son objetos de una «desvalorización completa» que choca con su dignidad como persona y es «incompatible» con los bienes y valores jurídicos reconocidos en la Constitución y en las leyes. El Consejo considera que la supresión de los anuncios de contactos «persigue un fin legítimo». Así, reconoce que se ha excedido del «encargo recibido» y señala la conveniencia de extender la prohibición a otros medios. En concreto, sobre las televisiones dice que debe considerarse «una prohibición expresa no sólo en los horarios actualmente establecidos para la protección de los menores, sino también en otros más amplios». En cuanto a Internet, pide que se sopese «algún tipo de limitación, puesto que es sabido que son precisamente los jóvenes los que más acceden a los contenidos de la red y, por consiguiente, a los anuncios de prostitución que se insertan en ella».

Así, el Consejo deja la pelota en el tejado del Gobierno que, tal y como se comprometió el pasado mes de septiembre en el Congreso, tiene cuatro meses para presentar un plan de ruta. El primer paso lo dio ayer el Ministerio de Sanidad, Igualdad y Política Social que se congratuló por el contenido del informe y anunció que establecerá un calendario para lograr el máximo consenso entre los grupos parlamentarios y los medios de comunicación.