Los altos cargos fueron multados 190 veces por exceso de velocidad en 2009

La cifra no deja indiferente a nadie. Durante el pasado año, 1.374 vehículos con matrículas reservadas fueron multados por exceso de velocidad. O lo que es lo mismo, coches cuya identificación no es posible por razones de seguridad, ya que pertenecen a autoridades o miembros de las Fuerzas de Seguridad del Estado. En concreto, 525 pertenecían a la Policía Nacional, 355, a la Guardia Civil, 304 a Instituciones Penitenciarias y 190 a altos cargos.

Así de conciso se mostró el secretario de Estado de Seguridad, Antonio Camacho, ante una pregunta del senador popular Luis Peral en la Comisión de Interior de la Cámara Alta. Y es que, a juicio del parlamentario, la «ley debe ser la misma para todos», por lo que no entiende que se mire hacia otro lado ante las infracciones cometidas por autoridades, ya sean del Gobierno o de la comunidad autónoma que sea.

Tanto es así, que en octubre de 2009, Peral presentó una enmienda del PP a la modificación de la Ley de Tráfico en la que se reiteraba que había que considerar «infracción muy grave» aquella cometida por una autoridad o funcionario en el ejercidio de su responsabilidad y que «ponga en peligro la seguridad vial». Y para justificar esta petición alegaba que «causa bastante escándalo a los ciudadanos el ver cómo autoridades de todas las administraciones del Estado circulan, a veces, a velocidades muy elevadas», sin sanción alguna, mientras el resto de conductores corren el riesgo de perder puntos al superar los límites oficiales.

En definitiva, exigía que la Administración se haga responsable de su negligencia en Seguridad Vial, ya que, muchas veces, «es la responsable de los accidentes de tráfico». La enmienda fue aprobada en Comisión y en el Pleno del Senado pero el Congreso la tumbó en noviembre, gracias a los votos del PSOE y sus aliados.