Aguayo protege los puestos «a dedo» y Recio pide a los jóvenes autoempleo

Los intentos de la Junta por justificar el decreto de reordenación del sector público no convencen a los sindicatos.

Carmen Martínez Aguayo y Manuel Recio, junto a Luis Pizarro, en un Pleno del Parlamento
Carmen Martínez Aguayo y Manuel Recio, junto a Luis Pizarro, en un Pleno del Parlamento

SEVILLA- El mismo día que la consejera de Hacienda y Administración Pública, Carmen Martínez Aguayo, defendía el decreto-ley de reordenación del sector público que permitirá a 20.000 personas contratadas «a dedo» en las empresas públicas –sin concurrir a unas oposiciones– trabajar junto a funcionarios de carrera en las agencias empresariales, el consejero de Empleo, Manuel Recio, instaba a los jóvenes a no esperar «a que una empresa nos contrate». Dos formas distintas de afrontar la crisis económica y de empleo que vive Andalucía.
La Junta ha redoblado sus esfuerzos en los últimos días para justificar el decreto-ley que ha soliviantado a los sindicatos. Al margen de una página web explicándolo, Martínez Aguayo estuvo ayer en Canal Sur Radio para repetir sus excelencias: «Que no espere nadie reducción de puestos de trabajo», ya que para la Junta es un «elemento de consolidación fiscal».
La consejera negó –como sostiene el PP– que se esté consolidando una «Administración paralela». A su juicio, «lo que el PP quiere es echar gente a la calle».
También negó que los funcionarios y el personal laboral de la Junta vean mermados sus derechos por depender ahora de agencias públicas empresariales controladas por directivos elegidos por el Gobierno andaluz.
«Aquí no se tocan derechos de nadie», insistió Martínez Aguayo.
Las explicaciones del Ejecutivo no convencieron a los sindicatos. Los dos únicos con interlocución permanente con la Junta, UGT y CC OO, solicitaron que se reforme el decreto ley de reordenación del sector público dentro de las negociaciones del VII Acuerdo de Concertación Social.
La Junta sólo está dispuesta a cambiar «algún fleco» amparándose en el «tiempo un poco más corto de lo habitual» de su tramitación –se aprobó un martes y se convalidó el jueves siguiente–.
Mientras, las protestas de colectivos de funcionarios continuaron. En Huelva, más de 200 acamparon en la Delegación de Agricultura, Educación y Hacienda y exigieron su retirada.
En Almería, otro colectivo abucheó al consejero de Empleo, Manuel Recio, antes de firmar un convenio con la Universidad.
Antes de esa rúbrica, el propio Recio alabó el decreto 5/2010 que no va «contra los funcionarios» pese a que los equipara con el personal afín al PSOE que trabaja en el sector público empresarial andaluz.
Esta defensa de esos más de 20.000 contratados contrastó con la receta que ofreció para que los jóvenes andaluces, con una tasa de desempleo superior al 50 por ciento, encuentren un trabajo: que se lo creen ellos mismos.