El Gobierno obligará a los bancos débiles a asegurar su «ladrillo»

Madrid- Más fusiones de los bancos débiles. Y rápido. Ése es otro de los objetivos que persigue la nueva reforma del sistema financiero que el Consejo de Ministros aprobará mañana. Según ha podido saber LA RAZÓN, las nuevas provisiones que el Gobierno exigirá a las entidades están encaminadas a forzar fusiones entre las menos solventes.

La intención del Ministerio de Economía es que los bancos provisionen entre un 20% y un 25% del valor de los activos (créditos) considerados no problemáticos, pero que, dada la difícil coyuntura actual, podrían convertirse en fallidos en un corto plazo. Con esta vuelta de tuerca –ahora se exige el 7%–, las entidades se verán obligadas a captar hasta 25.000 millones de euros más que se sumarán a los 54.000 millones ya exigidos para sanear los activos problemáticos.

Intervención
Aquellas entidades que a lo largo de este ejercicio, que es el plazo que pretende fijar el Gobierno para captar los nuevos recursos, no lo hayan logrado, tendrán que suscribir un seguro con el Estado para cubrir el valor de estos activos a provisionar. De no poder hacerlo, el propio Estado se convertirá en accionista de la entidad bancaria. La única escapatoria que les quedaría a estas entidades para eludir esta intervención sería fusionarse, pues las nuevas entidades resultantes de los procesos de unión dispondrán de un año más de plazo para captar los recursos.

También está previsto que el Ejecutivo apruebe mañana la creación de las sociedades de liquidación de activos tóxicos, más conocidas como «bancos malos». Los accionistas de éstas serán las propias entidades, que no podrán tener, eso sí, una participación en su capital superior al 20%. Serán también estos mismos bancos los que sufragarán la compra de los activos tóxicos para sacarlos de sus balances. Los adquirirán con un descuento equivalente a la cantidad ya provisionada por estos activos.

El valor de los activos
Lo que ahora preocupa al Gobierno es qué hacer en caso de que los activos sean vendidos por debajo del precio al que fueron adquiridos. Las sociedades tendrán diez o quince años para hacerlo –aún no se ha decidido– y la intención del Ministerio de Economía, que dirige Luis de Guindos, es que sean los bancos los que asuman las pérdidas y las diluyan a lo largo de ese periodo. La otra alternativa, la no deseada, sería que el Estado cargase con las minusvalías.