El PP propugna reforzar la Nación española y más poder para el Estado

MADRID-El PP recupera algunas de las esencias de su doctrina en la ponencia política que aprobará el Congreso Nacional que el PP celebrará a mediados de febrero en Sevilla. En ese documento los populares reivindican el fortalecimiento de la Nación española, en un marco de leal colaboración entre el Estado y las autonomías.

En la práctica esto debería traducirse en reformas que fortalezcan el papel del Estado, por ejemplo para actualizar los valores del pacto constitucional y fijar un núcleo básico de competencias indelegables o para sellar la capacidad de las Cortes Generales para llevar a cabo reformas que requieren por su naturaleza un tratamiento común en el conjunto del territorio. En este paquete incluyen también el blindaje de la utilización de las lenguas oficiales en la enseñanza; garantizar la unidad de actuación en el exterior; y «actualizar el objeto y el procedimiento de reforma de los Estatutos de Autonomía».

En la ponencia el PP pone especial hincapié en marcar distancias con la etapa socialista y aquella Nación española como «concepto discutido y discutible» con la que coqueteó el entonces presidente del Gobierno.

La Nación española del PP debería garantizar –según la música de la ponencia que aprobarán en el Congreso de Sevilla– la igualdad en el acceso a los bienes y servicios públicos, especialmente la Educación y la Sanidad. Ahí el Gobierno de Rajoy tiene un importante reto pendiente en la medida en que los recortes y ajustes que se están aplicando a nivel territorial para cumplir con los objetivos de déficit atacan de raíz esa cohesión e igualdad nacional. Cada gobierno autonómico está ajustando de dónde más le conviene en su esquema presupuestario, lo que abunda en un desequilibrio ante el que el PP, anticipándose en campaña electoral, prometió impulsar un catálogo de servicios y prestaciones comunes en toda España, que está pendiente de desarrollar.

La ponencia alude a la estabilidad presupuestaria y a la persecución de las malas prácticas económicas por parte de los cargos públicos, así como a la implantación de más controles internos en el partido para evitar conductas personales poco éticas. El PP ya aprobó un nuevo código ético cuando el «caso Gürtel» estaba en su momento de mayor ebullición, dentro de la operación de lavado de cara que tuvo que poner en marcha para calmar la presión mediática que le exigía actuaciones ante ese escándalo.

Como ya informó este periódico, en la ponencia también hay un capítulo dedicado a ETA en el que bajo la premisa de anticipar que éste puede ser realmente el fin de la banda terrorista, los populares recuperan su discurso más contundente contra las cesiones o la negociación. «La amnistía y la impunidad no tienen cabida en la Constitución y son incompatibles con el fortalecimiento de la democracia», defiende el texto, en el que propugnan también que se restituyan los derechos políticos de los vascos exiliados.

Lo que dice la Constitución
El Artículo Primero de la Constitución recoge que «España se constituye en un Estado social y democático de Derecho, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico, la libertad, la justicia, la igualdad y el prularismo político». La Carta Magna continúa en su Artículo Segundo que «la Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la Nación española, patria común e indivisible de todos los españoles, y reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran y la solidaridad entre todas ellas».