Zoido se enfrenta a la eliminación de los «gorrillas» con las arcas vacías

En principio, las multas por realizar esta «extorsión», como la califican algunos de los vecinos afectados, pueden alcanzar los 120 euros así como la realización de trabajos para la comunidad en el caso de que no pudieran ser cobradas. Esta ordenanza no contó con el apoyo del PP en el Pleno municipal debido a que consideraban que las medidas eran «insuficientes» y que la Policía Local carecía de medios necesarios para hacerla efectiva y se encontraba «desmotivada». El grupo Popular propuso aumentar las sanciones entre 750 y 1.500 euros y calificar de «desobediencia a la autoridad» seguir realizando la misma actividad tras ser apercibidos.
Ajenos al cambio de Gobierno, la realidad es que los «gorrillas» siguen «trabajando» a sus anchas en muchas zonas de la ciudad donde no encuentran ningún obstáculo para ello. De momento, el Gobierno del PP aún no se ha puesto manos a la obra, aunque fuentes municipales mantienen que en los próximos meses se trabajará en un tema «que se tiene que erradicar». Sin embargo, aunque Zoido dijera ante los vecinos de Bami que tenía «la receta y que se la iba a dar a Monteseirín», la realidad de las arcas del Ayuntamiento hace muy difícil que se pueda implantar esta «receta». Es más, ante los de San Julián se comprometió a que cuando fuera alcalde «las ordenanzas y las leyes serán las mismas para todos y se cumplirán». Unas medidas que sólo llegarán con un incremento de efectivos, mejoras en las dotaciónes actuales y con un incremento de los turnos de vigilancia. Todo ello cuesta dinero y debe ser afrontado por un Ayuntamiento que tiene una deuda de 600 millones de euros y cuyas arcas, según ha asegurado el propio alcalde recientemente, tienen unos fondos muy, muy ajustados.
José Baena, presidente de la Coordinadora de Asociaciones de Independientes de Sevilla (CAIS), confiesa que el Ayuntamiento lo va a tener muy difícil para acabar con esta actividad. Para él, la cuestión radica en que «no se pueden escribir una serie de cosas en una ley y no llevarlas a cabo. Porque desde que salió la ordenanza siguen estando igual que siempre». Un paseo, tanto por los barrios como por el casco histórico, permite ver esta estampa que ya es casi una imagen típica de la ciudad. Una de las zonas que más se ha visto afectada por la presencia de estos «aparcacoches» es Bami. A menos de 500 metros del Polígono Sur, esta barriada del entorno del hospital Virgen del Rocío está, según sus vecinos, «infectada» desde hace unos veinticinco años. Un tiempo en el que «han visto pasar a muchos que se convirtieron en habituales que han sido relevados por otros continuamente». Estas palabras son de Manuel López, quien también coincide con Baena en que la nueva corporación municipal lo va a «tener crudo con esta gente». López, que ha sido varias veces amenazado de muerte por varios «gorrillas», cree que «no habrá cambios hasta que haya una solución de verdad. El resto va a ser como tantas otras veces en las que los políticos nos mintieron. Nada más». Todos coinciden en que debe de haber una actuación policial más contundente y en que ésta debe ir acompañada de «penas de verdad y de sanciones duras, porque si no se cachondean de los agentes», cuenta López, que ha visto cómo «les da lo mismo que los multen como que los lleven a la comisaria, porque se las saben todas».
Se sienten desprotegidos pese que en el barrio hay una comisaria de la Policía Nacional, que, a su juicio, es la más «inoperante del mundo, pues cierra hasta los sábados por la tarde», cuenta. Este vecino destaca que la desesperación se han apoderado de los que viven allí. Se han acostumbrado a que cada día tengan que lidiar con personas «ajenas al mundo civilizado, que entienden que la calle es suya y a los que nadie puede decirles nada». Resignado cree que «no habrá soluciones a corto plazo porque eso cuesta mucho dinero. Y, eso, precisamente, es lo que no hay».

El limbo sí que existe para los «aparcacoches»
Son el anverso de la moneda del problema de los «gorrillas». Los Vovis, un colectivo surgido para paliar la situación laboral y económica de los desempleados mayores de 40 años, se debaten entre tener que buscar cada día «algo que llevar a casa» y la alegalidad que supone su estancia en las calles. Andrés Rodríguez es el coordinador de la asociación PM-40 y ve con preocupación el futuro de este grupo «porque cada vez son más los gorrillas que hay en Sevilla y menos el espacio que nos queda». Según la «ordenanza antivandálica», ellos no pueden estar en las calles, pero esperan que con el «nuevo Ayuntamiento» todo cambie. Cada jornada salen a aparcar coches y a esperar "ganar entre 15 y 18 euros tras diez horas de trabajo". No existe la coacción y muchos no quieren aportar nada mientras que en el centro "los gorrillas pueden pedirle bajo amenazas a los extranjeros casi 15 euros por hora de aparcamiento".