Un plan diseñado al milímetro

MADRID- Un mes antes de que hablen las urnas, la que ha hablado ha sido ETA. Le han bastado 346 palabras para intentar escribir el epitafio a medio siglo de actividad terrorista que se ha llevado por delante la vida de 858 personas. Un paso más en una hoja de ruta diseñada al detalle por la propia banda para alcanzar sus objetivos. El anuncio del cese definitivo de su «actividad armada», que el Gobierno socialista esperaba como agua de mayo y que llega casi en el descuento, a 15 días del comienzo de la campaña electoral, es el penúltimo peldaño en la estrategia etarra. En el horizonte, el «cronograma» de ETA adelantado ayer por LA RAZÓN sólo prevé la entrega de las armas, una posibilidad a la que los tres encapuchados ni siquiera hicieron ayer referencia. La obsesión etarra por internacionalizar el conflicto parece que se ha visto satisfecha con la «conferencia internacional de paz» celebrada el pasado lunes en San Sebastián. ETA sólo ha tardado 72 horas en anunciar su alejamiento de la violencia desde que Kofi Annan y el grueso de los autoproclamados «mediadores internacionales» reclamaran a los terroristas dar ese paso al tiempo que pedían a España y Francia que se sentaran a negociar con la banda.

Arnaldo Otegi lo dejó muy claro en su última comparecencia judicial el pasado junio. El ex portavoz batasuno desgranó en pleno juicio los argumentos determinantes en el cambio de estrategia de la izquierda abertzale y abanderado por ETA (los «magníficos resultados electorales de Bildu», el «suicidio político» de seguir adelante con la apuesta terrorista, que «lejos de solucionar los problemas, los enquista», etc.). El referente de la izquierda abertzale en ningún momento habló de un cambio de convicciones, sino únicamente de la sustitución de una estrategia por otra.

El 30 de julio de 2009, fecha del hasta ahora último atentado mortal de ETA en suelo español (en el que perdieron la vida los guardias civiles Diego Salvá y Enrique Sáenz de Tejada), es el punto de partida de ese cuaderno de bitácora terrorista. Se inauguraba así una etapa en la que el terrorismo seguía estando presente, pero evitando víctimas mortales para no empañar esa política de mano tendida al Gobierno. Las heridas del atentado de la T-4, horas después de las «proféticas» palabras de Zapatero presagiando avances en el «proceso de paz», necesitaban más tiempo para cicatrizar.

Sin muertos sobre la mesa, los terroristas siguieron abonando el terreno hacia su particular concepto de la paz. No era todavía el momento de anunciar oficialmente el alto el fuego, pero sí de hacer un parón en la actividad terrorista. La escenificación de la tregua se produciría en dos fases. Primero, a través de un vídeo emitido por la BBC en septiembre de 2010. El cese de las «acciones armadas» era un hecho, aunque todavía no se despejaba la incógnita de si era temporal o definitivo. Cuatro meses después, en enero de este año, un comunicado escribía el estribillo de otro paso más con la declaración de un alto el fuego «permanente, general y verificable».

ETA condiciona el siguiente gesto a dos objetivos muy claros: la rehabilitación electoral de la ilegalizada Batasuna y la proyección internacional del proceso. Dicho y hecho. Bildu pasa la prueba del algodón del Ministerio del Interior y del Tribunal Constitucional y la «conferencia de paz» se celebra hace unos días con el aval socialista y un plantel de «mediadores internacionales» como los que husmean en elecciones africanas de regímenes dudosamente democráticos en busca del pucherazo de turno. Para ETA, «una iniciativa de gran trascendencia política» que ha desencadenado el anuncio de su renuncia definitiva a la violencia. La fase final, su fase final, la «desmilitarización», la entrega de las armas, ya es otro cantar.

Y... ¿quién pagó a los mediadores?
La transparencia exigible en democracia ha quedado en entredicho en la «conferencia de paz». ¿Cuánto ha costado la cumbre? ¿Quién ha pagado a los mediadores? No revelar esas cifras sólo alimenta las especulaciones sobre una factura que sigue siendo una incógnita. Leopoldo Barreda, portavoz del PP vasco, asegura que el elenco de mediadores «gratis seguro que no han venido», pero cree que «es difícil rastrear de dónde sale el dinero con las administraciones vascas actuales». Para Ángeles Pedraza, presidenta de la AVT, «parte de ese desembolso lo pagamos los españoles, porque el palacio de Aiete es público y se lo han cedido, por lo que las víctimas hemos puesto nuestra parte». Por su parte, Santiago Fontella, presidente de la asociación de escoltas del País Vasco, asegura que todo «debería haber sido más transparente; tenemos derecho a saber si se han usado fondos públicos», informan F. Cancio y A. G. Mateache.