Encadenados contra el ruido

MADRID- Son muchos años soportando el ruido de los aviones que sobrevuelan sus hogares. Hace mucho tiempo que dejó de ser una simple molestia y se transformó en algo más grave: problemas de salud para los residentes (insomnio, migrañas o ansiedad han sido los más frecuentes) y problemas inmobiliarios, ya que las viviendas se han devaluado de forma paulatina por la «mala fama» que ha cogido la zona. «Todo el mundo asocia Ciudad Santo Domingo con el ruido de aviones, ¿quién va a querer comprarse una casa aquí?», aseguraba ayer una vecina de esta urbanización de Algete que lleva varios años intentando vender su casa «casi por el mismo precio que la compró hace casi 15 años».

Pero el principal motivo por el que ayer se manifestaron unos 200 vecinos de Ciudad Santo Domingo es la indignación: la Justicia les ha dado la razón pero ni Aena ni Fomento acatan la sentencia. Por eso ayer cortaron el tráfico de entrada a las urbanizaciones desde la A-1 y se encadenaron en un puente de la autovía –junto con dos concejales de Unión Santo Domingo del Ayuntamiento, Jesús Coca y Jaime del Barrio– dando a entender que están «con las manos atadas» ante la falta de ejecución de la sentencia del Tribunal Supremo de 2008, que declaró que se lesionaban los derechos fundamentales de la ciudadanía por el sobrevuelo de aeronaves en Barajas y ordenaba así su cese.

La sentencia no se acata, pero tampoco pasa nada. Minutos antes de este encadenamiento simbólico se celebró una asamblea de la Asociación contra Ruido y Riesgo de Aeronaves Ciudad Santo Domingo. En ella seis «presos» representaron a otros tantos altos cargos de Aena y Fomento. Los manifestantes portaron una pancarta con el lema «Los directivos de Fomento y AENA agreden a los vecinos de Santo Domingo, desobedeciendo al Supremo». Según datos de la Asociación, hay 1.269 vecinos personados en una demanda por daños psíquicos y físicos contra el Ministerio de Fomento y AENA y una reclamación de indemnización de 2.088 residentes.

Los vecinos presentaron una querella criminal contra el presidente de AENA, varios altos cargos y representantes del Ministerio de Fomento. Se les acusa de un delito de desacato y lesiones, castigados con multa de tres a doce meses y suspensión de empleo o cargo público de seis meses a dos años y pena de prisión de seis meses a tres años. Señalan que no se ha ejecutado la sentencia del Supremo de 2008 que declaró lesión del derecho fundamental a la intimidad domiciliaria por sobrevuelo de aeronaves en aterrizajes en Barajas desde el norte y ordenó su cese.

Según la asociación, el número total de sobrevuelos, el ruido y las frecuencias entre noviembre de 2008, tras la sentencia, y agosto del presente año «evidencian la inejecución». «El Tribunal Supremo señala que no cabe adoptar conclusiones que descansen en la consideración aislada de cada factor y el juicio ha de ser conjunto», añadieron los portavoces de los denunciantes. En este sentido y según la Asociación, Aena reconoce que en estos últimos años se ha producido aumento de horas y sobrevuelos, y que además se han incrementado los niveles acústicos muy notablemente.