Indispensable por Elvira Rodríguez

En estos 50 días, el Gobierno ha trabajado incansable para poner en marcha una serie de reformas que demandaba nuestra economía y que resultan indispensables para cimentar el crecimiento y crear empleo en España. Entre ellas, se encuentra el necesario redimensionamiento del sector público, que se ha convertido en España en una máquina de generar déficit y demandar financiación, que pone en grave riesgo a la economía española, en general, y a los servicios públicos esenciales que deben proveer las administraciones públicas a los ciudadanos, en particular. La toma de posesión en el Ministerio de Hacienda trajo para su titular, Cristóbal Montoro, la desagradable noticia de que el déficit público en 2011 iba a tener una desviación de más de dos puntos respecto a lo comprometido con Bruselas. Los servicios de la Intervención del Estado así se lo comunicaron nada más llegar. La urgencia en tomar las medidas de reforma de nuestra administración se agudizaba si cabe. El Gobierno ajustó el presupuesto al prorrogar para 2012 en un Real Decreto Ley, que tomó algunas medidas estructurales, como las relativas a los funcionarios públicos y algunas coyunturales, como las subidas de impuestos y un importante acuerdo de no disponibilidad en los gastos de la Administración del Estado.

Comenzaba así un año en el que se debía confeccionar el presupuesto definitivo para 2012 y el proyecto de presupuesto para 2013. En ellos se reflejarán las consecuencias de las reformas que se adoptarán en los primeros meses del año. El Gobierno ya ha aprobado el anteproyecto de ley orgánica de estabilidad y sostenibilidad presupuestaria que, en breve, entrará en el Parlamento. La ley será de aplicación a todo el sector público y recoge por vez primera la obligación de que los presupuestos de todas las Administraciones deben incluir los de sus organismos, entidades, fundaciones, consorcios, empresas o cualesquiera otras personificaciones públicas de ellas dependientes. No es un capricho. No supone una demanda de información sin fundamento, sino que resulta imprescindible para que los ciudadanos conozcan lo que están financiando con sus impuestos y a qué se dedican los que administran el voto que depositaron en las urnas.

El sector público no son sólo los Ministerios, las Consejerías o los Servicios Generales de los Ayuntamientos, sino también todas las entidades que dependen de ellos y a todas les debe llegar la necesaria restructuración para lograr nuestros objetivos de déficit. En este sentido, deben entenderse las medidas que sobre las empresas públicas toma el Gobierno: la posibilidad de que en ellas se realicen regularizaciones de personal por motivos económicos; la reducción de los sueldos de los directivos o de sus indemnizaciones por cese, la reducción del número de sus consejeros e, incluso, su cierre.

Elvira Rodríguez
Diputada por Jaén y presidenta de la Comisión de Economía del Congreso