«Los derechos laborales no pueden estar mejor que en manos socialistas»

Hace sólo dos semanas, en un acto público con jóvenes andaluces y extremeños –en la Universidad de Huelva, el pasado 16 de mayo–, el presidente de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán, aseguró que lo que se esconde tras la reforma laboral es «el abaratamiento del despido». Griñán fue más explícito, y aseguró que no se trataba de «abaratar, sino de cualificar». Ayer, su consejera de Presidencia y portavoz del Gobierno andaluz, Mar Moreno, no dudó en asegurar que aceptarán la reforma laboral que pacte el presidente Zapatero con los agentes sociales o incluso la que imponga vía decreto si el acuerdo no es posible. El argumento de Moreno fue que «no nos cabe la menor duda de que el futuro de los derechos laborales no puede estar en mejores manos que en las de un Gobierno socialista», sentenció. De momento, el Ejecutivo central ya ha reconocido públicamente que una de las opciones que se contempla es que la indemnización por despido pase de los 45 días por año trabajado actuales a 33 días. Sin embargo, la Junta prefiere omitir su opinión para no introducir «factores de distorsión», aunque sí anticipa su respaldo absoluto a la decisión final. Mientras Moreno alabó la defensa de los derechos laborales de ambos ejecutivos, reconoció que el Gobierno andaluz ha dado órdenes a los directivos de las empresas públicas para que negocien con los trabajadores a su cargo rebajas salariales y ayer se publicó en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía el decreto ley que regula medidas urgentes en materia de retribuciones en el sector público andaluz. La consejera de Presidencia justificó la decisión en los criterios de «igualdad y proporcionalidad» con respecto a los funcionarios afectados por los recortes. En el caso de los 40.000 empleados del sector público empresarial estas medidas deben tomarse convenio por convenio, por lo que se esperará al resultado de las negociaciones en cada empresa.Lo que sí descartó «de momento» la portavoz del Ejecutivo es que si la medida no surte efecto, la Junta baraje la opción de presentar expedientes de regulación de empleo en aquellas sociedades en las que no se produzcan recortes en los gastos de personal.De momento, la Consejería de Economía y Hacienda ya anunció que fijará los costes del personal del sector público con una aminoración del 5 por ciento. Esta medida fue criticada ayer por los sindicatos de la función pública, que en declaraciones a Ep mantuvieron que «puede generar problemas sociales en empresas públicas por falta de dinero».

Negocian los servicios mínimos del 8-JCC OO-A, UGT-A y CSIF-A se reunirán hoy con la Junta de Andalucía para negociar los servicios mínimos de la huelga convocada el próximo 8 de junio en todo el sector público andaluz. Por su parte, los sindicatos CC OO, FETE-UGT y USO mostraron su «indignación» tras conocer que la Consejería de Educación extenderá los recortes salariales de la enseñanza pública a la concertada y hoy a las 11:00 se manifestarán en la sede del Parlamento de Andalucía. Dicen que los recortes alcanzan el siete por ciento y no el cinco como estaba anunciado.