Los sindicatos piden al Gobierno que cambie el capítulo 1 de la Ley de ajuste

Tomando como partida que el Ejecutivo no se plantea bajo ningún concepto la derogación de la Ley porque de esta legislación depende casi de manera exclusiva obtener el consentimiento para la emisión de deuda, el cauce por el que discurrió el encuentro ayer fue el de conocer por parte de los consejeros Constantino Sotoca, María Ángeles Palacios y María Pedro Reverte las propuestas de modificación planteadas por los representantes sindicales. Cada uno planteó unas cuestiones concretas, pero la práctica totalidad pivotó en torno a una misma cuestión como es la variación casi absoluta del capítulo 1 de la Ley, es decir, el que contempla el aumento de la jornada laboral y disminución de sueldo para los empleados públicos. Este aspecto se ha convertido en el principal caballo de batalla para los sindicatos y así se lo hicieron saber ayer pormenorizadamente a sus interlocutores del Gobierno Valcárcel. De esta forma, el papel que desempeñaron ayer Sotoca, Palacios y Reverte fue más el de sujetos pasivos que activos, ya que la reunión estaba enfocada para que los sindicatos esgrimieran sus razones y propuestas de la legislación. En el próximo encuentro, que tendrá lugar en la mañana del jueves que viene, las tornas se cambiarán y tendrán que ser los miembros del Ejecutivo autonómico los que tomen la palabra y traigan una posición determinada sobre las solicitudes que le hicieron llegar ayer los sindicatos. En cualquier caso, las partes valoraron de forma positiva el encuentro y esperan que los frutos de las conversaciones se puedan recoger en el menor tiempo posible. Aún así, a nadie se le escapa que la sensación en el foro interno de los sindicatos es de cierto descontento ante la firmeza que muestra el Gobierno regional en la defensa de la Ley.

La reunión se alargó, como sucedió en su antecesora, por más de cuatro horas en las que se analizó de forma exhaustiva cada apartado de la legislación y las objeciones que tenían hacia ella los sindicatos. Al margen de lo concerniente al título 1 de la Ley, en el caso del CSIF, su presidente regional, Ventura Martínez, adelantó que iba a solicitar que «el Gobierno regional meta la tijera y elimine consejerías, direcciones generales, fundaciones y altos cargos». Asimismo, pidió el recorte de los salarios de los miembros del Gobierno para que «prediquen con el ejemplo» y por último, exigió una respuesta para los empleados públicos «porque se la merecen».

Por su parte, el titular de Educación, Formación y Empleo de la Comunidad, Constantino Sotoca, declaró que se tienen muy claros los objetivos a conseguir con la puesta en marcha de la Ley como son «lograr el permiso para emitir deuda y preservar los servicios sociales, sanidad y educación».

En cualquier caso, la negociación entra en su parte más decisiva y la reunión del próximo jueves puede suponer el comienzo para retomar la paz y el bienestar social y político dentro de la Región de Murcia.


Valcárcel destaca la voluntad de llegar a acuerdos
El presidente de la Comunidad, Ramón Luis Valcárcel, también se refirió ayer a la reunión que está manteniendo su Gobierno con los sindicatos y señaló que lo más importante es que «existe una clara voluntad de llegar a acuerdos». Además, apuntó que él mismo ya señaló en la aprobación asamblearia de la legislación que la Ley tiene «margen suficiente de flexibilidad y para llegar acuerdos». También apostilló que «en esta Región siempre se ha gobernado desde el consenso desde 1995 (llegada al poder de Valcárcel)». Asimismo, se refirió a la imposibilidad de poder derogar la Ley porque ello supondría «renunciar al objetivo de poder endeudarnos y si ello sucede todo se acabó porque no podremos hacer más proyectos». En cuanto a este aspecto, Valcárcel señaló que se ha alcanzado el nivel preciso para que ningún proyecto se paralice en la Región y que la emisión de deuda es posible.