Escándalo y credibilidad por Luis GÁMIR

El PSOE en el Gobierno, en 1982, expropió y privatizó Rumasa y nacionalizó la red de alta tensión, pero Boyer impulsó una política más promercado de lo esperado. Después «privatizó» empresas no viables en manos públicas -Seat y Enusa- y desde finales de los ochenta realizó OPV (Ofertas Públicas de Venta) en grandes empresas, pero de tipo minoritario, sin afectar a su carácter público ni como tal a la gestión. A partir de junio de 1996 -con el PP en el Gobierno- la filosofía fue totalmente distinta. Se planteó un programa «integral» de privatizaciones -en el sentido de afectar a la totalidad del capital de la empresa y obviamente a la gestión-. El resultado fue, entre 1996 y 2004, 52 empresas por casi 32.000 millones de euros a precios de la época.

El porcentaje de participación del Estado en empresas cotizadas pasó del 12,2% en 1995 al 0,5% a finales del 2003.

El control del proceso por parte del Consejo Consultivo de Privatizaciones -CCP- (con funciones mucho más amplias de lo que puede indicar su nombre), del Parlamento, de la IGAE y del Tribunal de Cuentas, y la eficaz gestión de los Organismos y Ministerios privatizadores llevó a que esa amplísima labor se realizase sin «ruidos», es decir, sin «escándalos» relacionados con las ventas ni movilizaciones sociales en contra. Se trató de un proceso de gran importancia que incrementó la eficacia del tejido empresarial.

El Gobierno actual ha planteado ciertas medidas privatizadoras. Quisiera diferenciar en ellas lo que no es importante de lo que puede serlo. La privatización de una parte de AENA, de forma minoritaria, tiene una importancia menor.

Quede claro que no afecta a la contabilización del déficit público, ni en principio a la gestión, que seguirá siendo pública. A la deuda le afectará en el corto plazo, aunque sus efectos sobre el medio-largo plazo serán más imprecisos. Es parecido -y más discutible- lo que se plantea con la Lotería.

Con la Ley de Presupuestos se pueden vender acciones de Iberia, Red Eléctrica, etc.
Por razones, en parte similares y parte distintas, tampoco son importantes. Lo que sí tiene importancia es la posibilidad de que, permaneciendo la propiedad pública, la gestión de aeropuertos concretos pase a ser privada.

Es un modelo ya muy conocido en el mundo occidental y en el que además nuestro país tiene empresas de gran eficiencia. El problema final es de credibilidad. El PP tuvo la máxima credibilidad en su proceso privatizador. El actual Gobierno tendrá que ganársela.

Luis Gámir
Ex presidente del Consejo Consultivode Privatizaciones y catedrático de Política Económica de la UCM