Estructuras infladas por José Antonio Vera

Se habla mucho de la necesidad de eliminar coches oficiales, embajadas autonómicas, televisiones públicas y subvenciones a partidos y sindicatos. Ciertamente, ahí tiene que profundizar el Gobierno. Los ciudadanos entienden los esfuerzos, el ajuste de cinturón, la congelación de sueldos y el incremento de impuestos de la pasada semana. Pero se comprende mal que el peso de la crisis caiga sólo sobre las clases medias y no sobre las Administraciones Públicas, sus privilegios y derroches. Si Rajoy y sus ministros no hacen lo que deben en este ámbito, habrán perdido toda autoridad para gravar con más impuestos a los ciudadanos. Me consta que están en ello, y que lo van a intentar. La pasada semana, junto a los anunciados aumentos en el IRPF, se aprobó también una disminución del 20 por ciento en el dinero con que se subvenciona a partidos y sindicatos. Un tijeretazo relevante, pero probablemente insuficiente para quienes piensan que unos y otros se deben financiar por sus propios medios, en vez de vivir del dinero público.

El Consejo de Ministros de hoy va a anunciar medidas de relieve en lo que se refiere a las empresas públicas. Aún no se privatizará la gestión de Loterías y AENA, pero se va a acometer una drástica reducción en un sector que está objetivamente inflado. En España hay 4.123 sociedades, consorcios o fundaciones que viven del Estado. La inmensa mayoría son autonómicas y municipales. El Ejecutivo debe taponar cuanto antes un agujero por el que se escapan buena parte de nuestros impuestos. Pese a los recortes de la Administración Aznar, aún quedan 355 compañías estatales, la mayoría de ellas con pérdidas y unos equipos directivos remunerados en exceso, muy por encima de lo que cobran ministros y secretarios de Estado.

Si el Gobierno actúa como debe, logrará un ahorro añadido racionalizando estas estructuras paraestatales. En el futuro, debería desprenderse de la mayoría de ellas.