Las víctimas exigen que se revoque la resolución que avala negociar con ETA

La nueva ley aprobada por el Gobierno no evita las suspicacias de los afectados

Representantes de partidos políticos e instituciones durante el homenaje al inspector de Policía Nacional Eduardo Puelles, asesinado por ETA el 19 de junio de 2009, en Arrigorriaga (Vizcaya).
Representantes de partidos políticos e instituciones durante el homenaje al inspector de Policía Nacional Eduardo Puelles, asesinado por ETA el 19 de junio de 2009, en Arrigorriaga (Vizcaya).

MADRID- Con independencia de los avances, con independencia de los elementos positivos de ese proyecto, la sensación que tienen las víctimas del terrorismo es que al Ejecutivo le han entrado las prisas por tenerlas contentas. Creen que el ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, aprendió la lección en la pasada Legislatura y, por si acaso, en ésta no quiere tener en contra ni al PP ni a las víctimas. Hoy se les rinde homenaje en el Congreso, una Cámara en la que, paradójicamente, sigue vigente la resolución para negociar con ETA que el Gobierno impulsó en el «proceso» que terminó con el atentado de la banda terrorista en Barajas. Las víctimas siguen reclamando que esa resolución se revoque. Pero no es el único elemento que alimenta sus sospechas. Los «coqueteos» con Batasuna y los movimientos con los presos de ETA no son, a su juicio, casualidades. Los traslados de reclusos etarras han formado parte de la política penitenciaria que han practicado todos los gobiernos y es un instrumento que nadie pone en duda. Pero eso es una cosa y otra, muy distinta, la concesión de terceros y segundos grados o la política de libertades condicionales sin que se cumplan los mínimos requisitos exigidos. Los casos de Otegi y Díez Usabiaga, en su papel de referente político, han levantado ampollas. Como también han encendido las alarmas los discursos de ETA, Batasuna y el Gobierno puestos frente a frente, con sus matices y sus contradicciones. Las víctimas no quieren oír hablar de buenos y malos, ni de distinciones entre ETA y Batasuna, cuando hay sentencias judiciales –recuerdan— que han ratificado que son los mismos con distinto disfraz. En cualquier caso, hay un hecho indiscutible al margen de polémicas y suspicacias: el cambio de estrategia del Gobierno, que ya no quiere cargar con más protestas de las víctimas en la calle. A primera vista, es un signo positivo, es bueno para todos que haya un clima de entendimiento y de colaboración, aunque hay quien sostiene que las están comprando, que lo que quieren es taparles la boca para lo que viene después. El tiempo hablará, pero, de momento, Rubalcaba se ha apuntado un tanto con la nueva ley, por grande que siga siendo la desconfianza de las víctimas hacia él.