El Gobierno niega el cierre de 7RM y propone la privatización del canal

MURCIA- El Gobierno regional negó ayer tajantemente que se vaya a cerrar la televisión autonómica «7 Región de Murcia», como se afirmó por parte de un dirigente del Partido Popular en un medio de comunicación de difusión nacional, para, luego, ser corregido por parte del mismo, reconociendo haber sido «un malentendido». El Ejecutivo autonómico se puso en contacto con la empresa concesionaria de la televisión, GTM, para trasladarles la necesidad de revisar el actual modelo de televisión pública y buscar una gestión «más sostenible» de la misma, según informaron fuentes del Ejecutivo en un comunicado. El Gobierno murciano pretende que los trabajadores afectados sean los primeros en conocer la decisión del Ejecutivo y su calendario de desarrollo y pidió a la concesionaria que transmita una serie de consideraciones.

En primer lugar, solicitó que les transmita que la actual situación económica y financiera de la Región de Murcia «está obligando al Gobierno regional a adoptar todo un conjunto de medidas de reducción de gastos a fin de situar su déficit público en el 1,5 por ciento del PIB, tal como exigen los escenarios de estabilidad suscritos por el Gobierno de España con la Unión Europea». Añadió que esas medidas «están afectando negativamente a los empleados públicos de la Comunidad Autónoma y a otros colectivos de la economía regional». En este contexto de dificultades económicas, el Gobierno regional apuntó, en segundo lugar, que «está obligado a revisar el modelo actual de la Televisión Pública, algo que no es novedoso, pues, en muchas ocasiones, este gobierno ha mantenido el criterio de que, dadas las persistentes circunstancias económicas, el dinero público debe orientarse a otras prioridades».

En este sentido, el Ejecutivo explicó que «no es posible continuar manteniendo una televisión pública con un elevado coste para el presupuesto autonómico. Es preciso reducir este coste a una cifra asumible en el difícil escenario financiero de la Comunidad Autónoma». En tercer lugar, alegó que, para conseguir este objetivo, el Gobierno regional «debe decidir si continúa con el modelo actual de Televisión Pública, de gestión indirecta a través de la empresa GTM, o implanta un modelo de Televisión Pública privatizada». Así, precisó que la primera alternativa «exige renegociar el contrato actual con GTM obteniendo una importante reducción respecto de su importe actual», mientras que la segunda alternativa «consiste en convocar un concurso público para la privatización de la licencia de la Televisión Pública autonómica». En este sentido, añadió que esta segunda alternativa «es posible a partir de la modificación de la Ley General de Comunicación Audiovisual».