La Oficina Judicial cumple un mes de caos total y desorden

Todas las fuentes consultadas por este diario (funcionarios, abogados, procuradores y sindicatos) coinciden en apuntar solemnemente que la Oficina Judicial ha supuesto la llegada de más enredo al ya de por sí liado proceso de actuación de la justicia.

Desde el Ministerio de Justicia, con su máximo responsable (Francisco Caamaño) a la cabeza, se ponderó con intensidad las «numerosas» ventajas que iba a suponer la instauración de la Oficina Judicial sobre todo en lo referente a simplificar los procesos judiciales y ahorrar tiempo de trabajo. Se hablaba de la llegada de la justicia del siglo XXI y se aseguraba a capa y espada que no respondía a una medida improvisada porque llevaba tras de sí siete año de trabajo y planificación. Además, en las dos últimas visitas del secretario de Estado de Justicia, Juan Carlos Campo, a Murcia se apuntó que la Oficina estaba presentando las «incidencias propias» que se derivan de una mudanza y traslado. Al mismo hilo, el ministro Caamaño mostraba orgulloso el pasado día 1 de diciembre el funcionamiento que se venía desarrollando en Murcia y Burgos tras la implantación de la Oficina Judicial y anunciaba que el proyecto se iba a expandir a otras ciudades a lo largo del próximo año. El ministro arremetió contra los que consideraban la iniciativa de «poco realista» y declaró que se había convertido en una «realidad tangible».

Sin embargo, sobre el terreno y la práctica las palabras de Caamaño parecen no ajustarse a la realidad. Fuentes judiciales aseguraron a LA RAZÓN que el primer mes de funcionamiento de la Oficina Judicial se ha caracterizado por «el caos, el desorden y el desconocimiento». La realidad choca de bruces con las promesas del ministro y la solución de los problemas no se atisba dentro del corto plazo. El secretario de Estado Campo apeló que el paso del tiempo supondrá la erradicación de los problemas iniciales de la oficina. No obstante, las citadas fuentes no comparten esta visión y la consideran una postura «muy optimista». De esta manera, los trabajadores entienden que el transcurrir de los meses servirá para determinar «una verdadera dimensión de los problemas a los que hay que hacer frente».

En este sentido, fuentes judiciales aseguraron que en la actualidad se están entremezclando los problemas que tiene de fondo el sistema con los propios de la adaptación, por lo que el paso de los meses propiciará que se detecte mejor dónde radica la problemática. Las fuentes consultadas achacaron el caos que reina en la Oficina a la falta de personal y medios técnicos.

En cuanto al primero, se observa también una escasa preparación de los interinos que no pueden desempeñar su trabajo con suficiencia. Por lo que respecta a la técnica, la nueva aplicación informática que llegó con la nueva Oficina (el Minerva-NOJ) es la que copa mayor parte de las críticas hasta el punto de que sus fallos provocan la inoperatividad del servicio durante jornadas laborales enteras. Este hecho ha provocado que, según ha podido saber este diario, jueces hayan presentado quejas formales instando a la erradicación de los fallos porque entorpecen e imposibilitan el desarrollo del trabajo. También ligado con los fallos informáticos se encuentra el hecho de que no funcione el Lexnet, esto es, el sistema que permite la realización de las notificaciones de forma telemática. Minerva-NOJ y Lexnet llegaron como avance y modernidad y sólo están conllevando ralentización de las tareas y retraso en los procedimientos.

Al margen de las incidencias de carácter técnico, la nueva estructura de trabajo que se desprende de la Oficina Judicial no convence a los profesionales de la materia consultados. De esta forma, las mencionadas fuentes aseguraron que la nueva Oficina «despersonaliza todavía un poco más la tramitación del expediente. En el juzgado ya había una suficiente sobrecarga de trabajo pero existían funcionarios que se encargaban de la tramitación de esos expedientes y los tenían un poco como suyos. Ahora todo está mucho más despersonalizado, la Oficina recibe el trabajo que antes era de los seis juzgados de lo Penal y la tramitación es un poco más abstracta y sobre todo la ejecución». Asimismo, declararon que la actual situación de desorden se traslada de unos implicados a otros. De esta manera, los funcionarios se ven ahora en la obligación de trabajar con diferentes jueces porque ha desaparecido la división de funciones y expedientes por juzgados. Esta situación ha propiciado que «los funcionarios no tengan claras muchas cosas de la Oficina y el profesional que acude a ella (abogados por ejemplo) se encuentra más perdido todavía». El problema también alcanza una índole organizativa en la puesta en marcha de la Oficina que presagia una improvisación que desde el ministerio niegan taxativamente. Aún así, las fuentes consultadas por este periódico recordaron que «Justicia prometió que se iban a poner en marcha ocho oficinas de presentación de escritos y están puestas sus ventanillas pero no funciona ni una». Por otra parte, los servicios puestos en marcha carecen de los mínimos exigibles de personal como el de Información al Litigante y a los profesionales que sólo cuenta con «una persona» trabajando en las dependencias de la Ciudad de la Justicia. Además, graduados sociales, abogados y procuradores achacan al ministerio no haber contado con su opinión en el momento de poner en funcionamiento la Oficina porque «nosotros conocemos de primera mano la Administración de Justicia y podríamos haber ayudado a aportar soluciones a los problemas que iban surgiendo».

Por lo que respecta a los sindicatos, son los que emplean un lenguaje más beligerante y califican la situación dentro de la Oficina Judicial como de «alerta máxima» por estar inmersa en el «caos y el desastre total» y advierten que la Oficina «no sirve ni a los ciudadanos ni a los trabajadores».
Todas sus demandas y quejas las van a dar a conocer el próximo 15 de diciembre en una concentración marcada para las 13:00 horas en la Ciudad de la Justicia. Al acto reivindicativo se darán cita un número importante de los funcionarios afectados según ha podido saber esta redacción.

Con este panorama de inconsistencia y malestar cumplirá la Oficina Judicial su primer mes de trabajo. La opinión generalizada es nefasta sobre ella hasta el punto que las citadas fuentes afirmaron que «la Oficina es un obstáculo más para el desarrollo de la justicia, se ha unido un problema a los ya existentes». Bagaje muy pobre para la denominada «justicia del futuro».
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El proyecto llegará a ocho ciudades en 2011
El calendario de la puesta en marcha de la Oficina Judicial por el conjunto del territorio español se continuará cumplimentando según la hoja de ruta prevista en un principio. Eso sí, la demora de siete años que tuvo Murcia parece que no se va a repetir en otras ciudades. De esta forma, Ciudad Real y Cáceres acogerán el proyecto durante el primer trimestre del próximo año. A castellano-manchegos y extremeños le seguirán León, Cuenca, Ceuta, Melilla y Mérida durante el segundo trimestre del próximo año. Por último, Palma de Mallorca acogerá la Oficina durante el siguiente período. Si se cumple la previsión del ministro Caamaño, el proyecto estará en marcha en diez ciudades para finales de 2011. Únicamente cabe esperar que la iniciativa se consolide y reduzca sus fallos organizativos y de funcionamiento que tan numerosos están siendo en la experiencia de Murcia. De ser así, será lo mejor para todos.