«Todo el Gobierno andaluz está bajo sospecha»

Se trata de una reivindicación de la oposición a la que hasta ahora se había negado el Ejecutivo argumentando que sólo los analizará si hay «algún indicio de irregularidad». La cuestión es: ¿cómo se sabe si existe algún fraude si no es revisando el expediente? ¿O es que para descubrir las 186 irregularidades en los ERE que aún paga la Junta se ha seguido otro procedimiento?
Sin embargo, el consejero de Empleo, Manuel Recio, insistió ayer en la tesis oficial: «Actuaremos ante cualquier indicio de irregularidad». Justificó esta actitud ya que «desde un punto de vista administrativo, no sería adecuado revisar todas las actuaciones que se han llevado a cabo en la Consejería durante no sé cuanto tiempo ni qué años».

De los 68 ERE vivos analizados se han detectado intrusos en 24 empresas y en otras 18 se han constatado irregularidades administrativas. Se trata de 42 de 68: el 61 por ciento.
Por una mera cuestión estadística, parece probable que también aparezcan personas sin relación con las empresas en los 108 ERE que ya han sido pagados en su totalidad, lo que elevaría la cantidad final defraudada, que, según las cifras de Empleo, es de unos 9 millones de euros.
Por su parte, la portavoz del PP-A, Rosario Soto, aseguró ayer que los últimos datos sobre la investigación revelan que «todo el Gobierno andaluz está bajo sospecha» y que existen motivos «para más de una dimisión».

Soto también criticó que en las cantidades defraudadas no se incluya «el dinero que se han llevado los comisionistas» –entre las empresas Vitalia y Uniter han tramitado todos los ERE–, al tiempo que sugirió que podría existir «una sobrevaloración de las pólizas».

Tampoco se ha calculado el dinero que se han llevado las 111 personas clasificadas como «irregularidades administrativas» –trabajadores que no cumplían los requisitos para acogerse al ERE o que pertenecían a subcontratas y no a la matriz– y a las que, de momento, la Junta no les va a exigir la devolución de las cantidades hasta que no exista un pronunciamiento judicial.

 La portavoz del PP-A también puso en duda el convenio suscrito por la Consejería de Empleo con el Instituto de Fomento de Andalucía el 17 de julio de 2001 y que ofrecía cobertura legal para pagar las prejubilcaciones. Está fórmula también es rebatida por la Policía Judicial, que entre sus actuaciones, propuso revisar todos los convenios suscritos entre la Dirección General de Trabajo y Seguridad Social con el citado IFA y su sucesora, la Agencia IDEA.

Desde IULV-CA, su coordinador general Diego Valderas también criticó la actitud del Gobierno andaluz que «llega tarde como siempre». Para Valderas, investigar los ERE no es una opción, sino una «obligación» ya que «la sombra de la duda es muy amplia y es necesario buscar a cualquier corrupto que se haya aprovechado del dinero público».